interpretación normativista de los delitos de falsedad documental

Hugo Favián Apaza Mamani
inconsecuencia de definir a la acción como un proceso explicable como fenómeno físico sin
tematizarla normativamente 87 .
Recapitulando lo escrito, se obtiene entonces que el objeto de alteración en la
FALSEDAD MATERIAL solo puede ser la autenticidad, al ser este el deber que pesa sobre toda
persona en el trafico documental, ante cuya infracción se esta ante un delito de organización;
mientras que el objeto de alteración en la FALSEDAD IDEOLÓGICA solo lo constituye el deber de
dar una declaración veraz, frente a cuya infracción se esta ante un delito de infracción de
deber 88 . Por lo tanto la norma que surge del artículo 427 prohíbe poner en circulación
documentos en los que la declaración contenida en ellos no corresponda al autor que aparece
en aquellas, es decir, un documento inauténtico, o en otras palabras se protege la libertad de
declaración como propiedad sobre la declaración, reconociéndose al autor como agente
responsable en el tráfico documental. Mientras que la norma que aparece en el artículo 428
del CP prohíbe, solo a los funcionarios públicos, en su rol de forma descentralizada de
administrar la participación del Estado en el tráfico documental, el dar una declaración falaz,
que claro tendrá como presupuesto una declaración autentica 89 ; ambos deberes se
fundamentan en los distintos ámbitos de competencia de las personas 90 .
87 Otro grupo de ejemplos sobre los planteamientos hechos se encuentra en el numeral 4, a donde me remito.
88 En contra de mi posición se tiene entre otros a: GARCÍA DEL RÍO quien define al delito de falsedad ideológica
como un delito común; ver: GARCÍA DEL RÍO, Flavio; Delitos Contra la Fe Pública… p 45
89 La tesis afirmada guarda completa correspondencia con el CPes, en cuyo articulo 392, se despenaliza la
infracción del deber de dar declaraciones veraces a los particulares, así el articulo 392, establece: “El particular
que cometiere en documento público, oficial o mercantil, alguna de las falsedades descritas en los tres
primeros números del apartado 1 del artículo 390, será castigado con las penas de prisión de seis meses a tres
años y multa de seis a doce meses”. Lo cual significa que son impunes las acciones del particular que pudieran
ser subsumidas en el apartado 4 del articulo 390, que establece: “1. Será castigado con las penas de prisión de
tres a seis años, multa de seis a veinticuatro meses e inhabilitación especial por tiempo de dos a seis años, la
autoridad o funcionario público que, en el ejercicio de sus funciones, cometa falsedad: (…)4º. Faltando a la
verdad en la narración de los hechos”.
Asimismo la tesis afirmada puede ser sustentada también en el código argentino que, al igual que el código
penal peruano, no hace una expresa referencia a la intervención de particulares en la elaboración de
documentos públicos, sino elabora el supuesto de hecho del delito de falsedad ideológico con la referencia: “El
que inserta o hace insertar”, véase el articulo 293 del CParg.
Mientras que la tesis afirmada, podría no ser sustentada en los códigos penales de COLOMBIA, CHILE ,
ECUADOR y de BOLIVIA, en los que existe una expresa regulación del delito de falsedad ideológica cometido
por particulares y en documentos privados, así el articulo 288 del CPco, establece: “Obtención de documento
público falso. El que [entiéndase cualquier persona] para obtener documento público que pueda servir de
prueba, induzca en error a un servidor público, en ejercicio de sus funciones, haciéndole consignar una
manifestación falsa o callar total o parcialmente la verdad, incurrirá en prisión de tres (3) a seis (6) años”. En
el CPch, se tiene el artículo 197, que establece: “El que, con perjuicio de tercero, cometiere en instrumento
privado alguna de las falsedades designadas en el articulo 193, sufrirá las penas de…”, mientras que en el
artículo 193 inciso 4, se establece: “Será castigado con presidio menor en su grado máximo a presidio mayor
en su grado mínimo el que (…) cometiere falsedad (…) 4. Faltando a la verdad en la narración de los hechos
sustanciales”. En el CPec, en su artículo 339 se dispone: “Será reprimida con pena de seis a nueve años de
reclusión menor, cualquiera otra persona que hubiere cometido una falsedad en instrumentos públicos, en
escrituras de comercia o de banco, contratos de prenda agrícola o industrial o de prenda especial de comercio,
en escritos o en cualquier otra actuación judicial: Ya por (…) haber inventado convenciones, disposiciones,
obligaciones o descargos, o por haberlos insertado fuera de tiempo en los documentos(…)”, y su artículo,
33 de 52