interpretación normativista de los delitos de falsedad documental

Hugo Favián Apaza Mamani
Las tesis presentadas tienen consecuencias practicas que considero importantes, pero
previamente a presentarlas, expondré la forma como se puede aplicar la teoría de la
imputación objetiva en los delitos de falsedad documental, que en el tema de la creación de un
riesgo prohibido será de utilidad lo hasta ahora escrito.
3. APLICACIÓN DE LA TEORÍA DE LA IMPUTACIÓN OBJETIVA EN LOS DELITOS DE
FALSEDAD MATERIAL Y FALSEDAD IDEOLÓGICA
En este apartado desarrollare una aproximación del tema referido a la aplicación de la
imputación objetiva en el delito de falsedad material e ideológica, ello es la resolución que
contienen algunos problemas de la falsedad material con una limitación normativista del tipo
objetivo, explicación que enlaza los ámbitos de competencia señalados y el perjuicio que es
requerido en aquellos delitos.
La simple postulación del tema mencionado, puede ser criticada señalando que la
imputación objetiva solo tiene vigencia en los delitos imprudentes o que solo tiene como
campo la imputación de resultados, y que en consecuencia no tendría sustento lógico alguno
hablar de imputación objetiva en un delito doloso y de peligro como es la falsedad material o
ideológica, es por ello que previamente a desarrollar el tema mencionado es que me permito
realizar una breve explicación de la evolución de la imputación objetiva y su vigencia en los
referido a documentos privados, dispone: “art. 340.- El que, por cualquiera de los medios indicados en el
artículo precedente, cometiere falsedad en instrumentos privados, a excepción de los cheques, será reprimido
con dos a cinco años de prisión”. Y finalmente en el CPbo se tiene el: “Art. 200.- (Falsificación de Documento
Privado) El que falsificare material o ideológicamente un documento privado, incurrirá en privación de
libertad de seis meses a dos años, siempre que su uso puede ocasionar algún perjuicio”.
90 En parte la conclusión que yó afirmo significa que los particulares no tienen el deber de dar declaraciones
veraces pero si autenticas, esta conclusión yo la sustento en el concepto de competencia, en concordancia a la
propuesta metodológica que presente en el capitulo I, sin embargo también otros autores han llegado a tal
conclusión pero por vías distintas. Por ejemplo, según QUERALT, la no obligación del particular de dar una
declaración veraz se fundamenta en la distinción entre moral y derecho: “La falsedad ideológica cometida por
particulares está despenalizada [para sustentar ello] Por un lado, hay que reiterar la existencia de un deber
genérico de veracidad (…) por otro, hay que recordar la separación entre moral y derecho penal (…) La
honradez, una de cuyas muestras es la veracidad, constituye, desde luego, un fin y un paradigma; es más hace
que los sujetos mantengan e incrementen nuestra apreciación, pero no por ello hay que asegurar la virtud de
ser veraces con la pena criminal en todas y cada una de las circunstancias de la vida”; en: QUERALT, Joan
Josep; La crisis jurisprudencial de la falsedad documental… p. 414. Y por su parte considero que Bacigalupo,
además de atender a los deberes de los ciudadanos, acude al concepto de ultima ratio del derecho penal
distinguiéndolo del orden ético: “La documentación en sí misma, no agrega nada a la mentira de un particular
desde el punto de vista de su criminalidad. Por lo tanto, el público no puede sentir defraudada su fe por la
simple mentira de otro, pues en una sociedad democrática los limites del control social presuponen una
distinción entre los deberes éticos y deberes jurídicos, cuya confusión sería la inevitable consecuencia de
convertir a la verdad de las declaraciones de los particulares en objeto jurídico de protección de los delitos de
falsedad documental”; en: BACIGALUPO, Enrique; Delito de Falsedad Documental…p. 14.
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