interpretación normativista de los delitos de falsedad documental

Hugo Favián Apaza Mamani
engaño o error, porque los particulares no tienen el deber de dar declaraciones veraces. Estas
consecuencias reflejan el distinto camino que toman las falsedades documentales a partir de
una interpretación normativista, porque la falsedad material ahora es un delito de competencia
por organización, y la falsedad ideológica un delito de competencia institucional, un delito de
infracción de deber.
CONCLUSIONES
1. A partir de definir a la acción penal como un proceso interpretable que se
manifiesta en la defraudación de las expectativas sociales dirigidas a una
persona, se puede delimitar los ámbitos de competencias que tienen tanto los
particulares como los funcionarios públicos al participar del trafico documental,
y entonces construir UN SISTEMA DE ASIGNACIÓN DE DEBERES donde es
coherente identificar: el deber de realizar una declaración autentica como una
manifestación del deber de ser una persona responsable al momento de
configurar el mundo ingresando al trafico documental, y en caso de
quebrantarse tal deber se esta entonces ante un caso de quebrantamiento del rol
general de ciudadano, que exige ser responsable con sus propias obras, dando
lugar a un delito de dominio. Y además, identificar el deber de dar una
declaración veraz como una expectativa dirigida a las personas que
representan la descentralización del poder estatal, los funcionarios públicos -
solo ellos-, y que al faltar a tal deber se infringe un rol especial, dando lugar a
un delito de infracción deber.
2. Y atendiendo a la redacción de los artículos 427 y 428 del CP se obtiene se
obtiene entonces que el objeto de alteración en la FALSEDAD MATERIAL solo
puede ser la autenticidad, al ser este el deber que pesa sobre toda persona en el
trafico documental, ante cuya infracción se esta ante un delito de dominio;
mientras que el objeto de alteración en la FALSEDAD IDEOLÓGICA solo lo
constituye el deber de dar una declaración veraz, ante cuya infracción se estará
frente a un delito de infracción de deber. Por lo tanto la norma que surge del
artículo 427 del CP prohíbe poner en circulación documentos en los que la
declaración contenida en ellos no corresponda al autor que aparece en aquellas,
es decir, un documento inauténtico, o en otras palabras se protege la libertad de
declaración como propiedad sobre la declaración, reconociéndose al autor como
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