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LAS GARANTIAS INDIVIDUALES ASPECTO GENERAL 173
son de autoridad, sino que participan de la misma índole que los que desempeña
SU contraparte.
Conforme al principio de igualdad procesal, todos los sujetos que como
partes intervienen en un procedimiento jurisdiccional, tienen los mismos
derechos, traducidos en la capacidad de ofrecer pruebas, de alegar y, sobre
todo, de interponer los recursos legales pertinentes.
Cuando en un proceso las partes sean un particular y una institución
pública o persona moral oficial, ésta es titular de esos derechos, teniendo
la potestad de impugnar, por los medios jurídicos adecuados, los actos de
autoridad que realice el órgano jurisdiccional. Corrobora las anteriores ideas
la situación procesal que guarda la autoridad responsable en un juicio de
amparo. Al emitir ésta el acto reclamado, lo hace en desempeño del jus
imperii frente al agraviado; pero cuando el afectado por dicho acto deduce
la acción de amparo y se forma, como consecuencia de ello, el triángulo
procesal entre cI órgano de control, el quejoso y la autoridad responsable,
ésta es automáticamente despojada de su carácter de entidad autoritaria
o de imperio, para asumir la calidad de parte, sin poder desplegar; dentro
del proceso constitucional, ningún acto de autoridad, sino los que bajo esa
calidad, legalmente esté facultada para realizar. Las relaciones entre autoridad
responsable y el órgano jurisdiccional que conoce del amparo contra
sus actos, no son de supraordinación, sino de supra'a subordinación, porque
en ellos el único que desempeña actos de autoridad propiamente dichos
es el mencionado órgano, quedando supeditados a su voluntad decisoria la
autoridad responsable y el quejoso.
De las anteriores consideraciones se deducen las conclusiones siguientes:
l' Cualquier institución pública o persona moral oficial, esto es, cual.
quier órgano centralizado del poder, puede colocarse, frente a otro órgano
del Estado, en una relación de supra a subordinación.
2' En esa relación, la institución pública o la persona moral oficial
deja de ser entidad autoritaria, supeditándose a las decisiones del otro órgano
estatal, mismo que, frente a ella; desempeña el jus imperii.
3' El ejercicio del jus imperii frente a la institución pública o persona
moral oficial debe ajustarse a las exigencias constitucionales que se consignan
en los preceptos de nuestra Ley Fundamental que expresan las denominadas
garantías individuales.
4' La institución pública o persona moral oficial, dentro de esa relación
de supra a subordinación, goza de los derechos establecidos en tales
preceptos constitucionales,
5' Cuando por cualquier acto de autoridad se violan dichos preceptos
en perjuicio de la institución pública o de la persona moral oficial, ésta
puede promover, por ende, el juicio de amparo.