LAS GARANTÍAS INDIVIDUALES - Index of /prueba/descargas

GARANTIAS DE SEGURIDAD JUIÚDlGA 629
constatar en cada caso concreto la observancia de los reglamentos gubernativos
o los ordenamientos de carácter fiscal, no sólo no deben estar precedidas
por orden judicial alguna, sino ni siquiera por ningún mandamiento escrito. En
efecto, éste implica una garantía formal en los términos de dicho precepto
de nuestra Constitución que condiciona, según lo hemos afirmado, todo acto de
molestia, o sea, toda afectación o perturbación que experimente un gobernado
en los diversos bienes jurídicos que integren su esfera particular (persona,
domicilio, papeles, familia y posesiones). Ahora bien, la simple inspección o
visita domiciliaria no producen tal fenómeno, puesto que su objetivo únicamente
consiste en establecer si se cumplen o no las leyes tributarias o los reglamentos
gubernativos, sin que por ello y por sí mismas causen agravio o
perjuicio alguno al gobernado cuyo negocio sea visitado o inspeccionado. Por
tanto, no siendo las consabidas inspecciones o visitas actos de molestia, no deben
supeditarse a la expresada garantía formal, en cuya virtud, sin previo mandamiento
escrito, pueden practicarse. Además de tener que sujetarse a los
ordenamientos que las rijan, tales visitas o inspecciones deben hacerse constar
en una "acta circunstanciada" o sea, en un documento en que se asienten todas
las circunstancias o hechos pertinentes, de naturaleza objetiva o real, que
supongan o indiquen la inobservancia o el cumplimiento a la ley fiscal o al reglamento
gubernativo de que se trate, en la inteligencia de que, sin la constancia
de dichas circunstancias o hechos, las apreciaciones subjetivas de los
inspectores de la autoridad administrativa carecen de validez. Las actas de inspección,
por otra parte, deben levantarse en presencia de dos testigos propuestos
por la persona cuyo establecimiento o negocio se visite o inspeccione, testigos
que, debiendo firmar el documento respectivo, pueden ser designados por el
inspector en ausencia o por negativa del particular interesado, lo cual debe
asentarse en las mencionadas actas. Si la práctica de las diligencias de inspección
administrativa arroja como resultado la infracción al reglamento gubernativo
o a la ley fiscal de que se trate, la autoridad que corresponda debe
hacer cumplir tales ordenamientos mediante las decisiones o resoluciones que
procedan (multa, clausura del establecimiento, imposición de obligaciones de
hacer o de dar, etc.) y como dichos actos entrañan sendas molestias en cualquiera
de los bienes jurídicos a que se refiere el artículo 16 constitucional en
su primera parte, deben estar condicionados a las garantías de seguridad jurídica
que ésta contiene y que ya hemos estudiado (mandamiento escrito dirigido
al particular afectado o que se le dé a conocer, competencia constitucional
de la autoridad que lo expida y expresión de los fundamentos legales que
apoyen el acto de molestia de que se trate, así como de los motivos de aplicación
respectivos).
Hemos afirmado que la visita domiciliaria en los términos de las disposiciones
conducentes del artículo 16 constitucional, no es un acto de molestia y,
en general, de autoridad, por lo que no debe estar condicionada a las garantías
que este precepto consagra en su primera parte. Ahora bien, en atención
al objetivo propio y natural que persiguen las visitas domiciliarias que practican
los agentes de la autoridad administrativa, con apoyo en los resultados
que arrojen se deben imponer al dueño o poseedores del lugar, comercio o