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248 LAS GARANTÍAS INDIVIDUALES
se encontraba con las naciones del Eje y de que transcurrió el plazo de treinta
días a que se refieren el Decreto Congresional de l' de junio de 1942 y el
presidencial de 14 de agosto de 1945.
Al consignar la ratificación de las leyes de emergencia a que alude el
decreto de fecha 28 de septiembre de 1945, el Congreso de la Unión declaró
subsistentes, en forma indefinida, unas medidas legislativas que, por provenir
de autorizaciones de validez y ejercitabilidad transitorias conforme al artículo
29 constitucional, debieron ser despojadas de su imperio normativo al desaparecer
el ámbito hacia el cual estaban destinadas a operar, como es el estado
de guerra. En consecuencia, por virtud de dicha ratificación, el Poder Legislativo
Federal violó las garantías de seguridad jurídica que otorga el expresado
artículo 29 constitucional, consistentes en que las medidas que se adopten por
el Presidente de la República en ejercicio de las facultades o autorizaciones
previstas en los artículos 29 y 49 de la Ley Suprema, deben ser válidas y eficaces
mientras subsista la situación de emergencia en la que deben operar.
b) Por otra parte, independientemente del anterior vicio de inconstitucionalidad
que afecta al Decreto de Cesación del estado suspensivo de garantías
individuales, el Congreso de la Unión, al ratificar las leyes de emergencia
que en dicho cuerpo normativo se expresan, infringió también la garantía de
competencia constitucional consagrada en la primera parte del artículo 16
de la Ley Fundamental.
En efecto, de acuerdo con dicha garantía individual, y conforme lo ha
establecido la jurisprudencia de la Suprema Corte, la competencia constitucional
de una autoridad está integrada con todas aquellas facultades que la
Ley Fundamental le otorga. Ahora bien, el Poder Legislativo Federal no tiene
competencia constitucional para ratificar leyes u ordenamientos elaborados
por el Ejecutivo de la Unión, entendiéndose por ratificación, la corroboración
o confirmación de normas ya existentes.
Bien es cierto que el artículo 73 constitucional faculta al Congreso Federal
para expedir diversas leyes en las materias que el propio precepto menciona;
mas también es verdad que una cosa es la expedición de una ley y otra la
ratificación de la misma, ya que en el primer caso se crea, se da nacimiento,
se elabora un ordenamiento, a iniciativa de cualquiera de las autoridades o
funcionarios que cita el artículo 71 de nuestra Ley Suprema, mientras que
en el segundo se confirma, se convalida un ordenamiento que vive ya jurídicamente,
que ya está investido de validez y fuerza obligatoria.
Siendo la expedición y la ratificación de una ley dos actos jurídicos distintos
y diferentes, es evidente que el Congreso de la Unión carecia de facultades
para ratificar ordenamientos expedidos por el Ejecutivo de la Unión
en uso de las facultades extraordinarias que le fueron conferidas durante la
situación de emergencia, por lo que, a través del decreto de 28 de septiembre
de 1945, el Poder Legislativo Federal contravino la garantía de competencia