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GARANTíAS DE PROPIEDAD
suelva. Se exceptúan de dicha regla general los casos en que mediante la expropiación,
ocupación temporal o limitación de dominio, se pretenda: a) satisfacer
las necesidades colectivas en caso de guerra o trastornos interiores;
b) llevar a cabo el abastecimiento de las ciudades o centros de población, de
víveres o de otros artículos de consumo; c) combatir o impedir la propagación
de epidemias, epizootias, incendios, plagas, inundaciones u otras calamidades
públicas; d) obtener los medios empleados para la defensa nacional
o para el mantenimiento de la paz pública; y e) evitar la destrucción de los
elementos naturales y los daños que la propiedad pueda sufrir en perjuicio
de la colectividad (art. 8 de la Ley de Expropiación en relación con las fracciones
V, VI YX del artículo primero de este ordenamienroj.ns»
Por último, el artículo 9 concede al propietario afectado el derecho de
reclamar, dentro del término de cinco años, la reversión del bien expropiado
O la insubsistencia del acuerdo cuando haya sido ocupado temporalmente o
cuando su dominio haya sido limitado, siempre y cuando dicho bien "no
haya sido destinado al fin que dio causa a la declaratoria respectiva".
Antecedentes históricos de In expropiación. Afirma el licenciado Villerss!' que
Sl8bi< Tratándose de la suspensión en el juicio de amparo que se promueva contra algún decreto expropiatorio,
el Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa ha establecido en
una importante tesisjurisprudencíal la procedencia de dicha medida cautelar. en los siguientes términos:
"Si las autoridades responsables no aportaron al incidentelos estudios socioeconómicos que fundaron
el derecho expropiotorio, ni algún elemento de convicción sobre la urgenciao necesidad inmediata de proceder
a la ocupación de los terrenos o a la ejecudón del decreto de quese trata, para satisfacer una necesidad pilblica
que no admitiera dilación, procede conceder la suspensión a la quejosa" (Informe de 1976, Sección 'Tribunales
Colegiados", tesis JJ. Este criterio jurisprudencial se corrobora por el mismo Tribunal Colegiado
de Circuito en la ejecutoria cuya parte conducente nos permitimos transcribir: "Para determinar
si la suspensión procede o no contra el desposeimiento derivado de un decreto expropiarorio. en
términos del artículo 124, fracción Il, de la Ley de Amparo, no basta adoptar un criterio simplista
y dogmático que prejuzgue que siempre y necesariamente el interés público exige que sea negada
la medida. En efecto, en primer lugar, se deben sopesar los daños que el interés público puede
sufrir con la demora del desposeimiento, mientras se falla el juicio, contra los daños que el parricular
puede sufrir con la ejecución de los actos reclamados. Y se debe notar que lo importante en
el incidente no es determinar si el interés público exige la expropiación. o no. sino la urgencia de
realizar los actos redomados, sin la demora de lo que pueda tardar en terminar el juicio de amparo.
En segundo lugar, se debe considerar que los quejosos pueden quedar obligados, cuando obtienen
la suspensión, a garantizar el pago de los daños y perjuicios que la demora cause. mientras
que es usual estimar que las autoridades no deben responder de los daños y perjuicios (patrimoniales
o no) que causen con la ejecución de actos reclamados que luego son encontrados ilícitos e
inconstitucionales. Y se suele pemar (sin que aquí deba decidirse nada al respecto) que para restituir
las cosas al estado que guardaban (artículo so de la Ley de Amparo) basta. por ejemplo, devolver
al quejoso el terreno del que fue desposeído. sin pagarle los daños causados a las
construcciones o siembras que hubiera en dicho terreno. y, en tercer lugar. se debe considerar
que el interés social no sólo está en que se realicen ciertas obras. a menudo materiales. de beneficio
colectivo. sino que también hay un elevadísimo y nobilísimo interés social en que los gobernados
no pueden ser afectados en sus derechos. a menudo sin reparación satisfactoria en caso de
obtener el amparo, mediante actos inconstitucionales que puedan resultar violatorios de garantías
individuales" (Informe de 1976, Sección 'Tribunales Colegiados", págs. 96 y 97).
319 Op. cu., pág. 16.
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