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GARANTÍAS DE SEGURIDAD JURíDICA 561
Este criterio ha sido ya adoptado por la jurisprudencia del Tribunal Pleno
de la Suprema Corte, cuya tesis respectiva establece que:
'Teniendo un gravamen el carácter de impuesto, por definición de la ley, no es necesario
cumplir con la garantía deprevia audiencia establecida en el artículo 14 constitucional,
ya que el impuesto es una prestación unilateral y obligatoria y la audiencia que se
puede otorgar a los causantes es siempre posterior a la aplicación del impuesto. que
es cuando existe la posibilidad de que los interesados impugnen. ante las propias autoridades,
el monto y el cobro correspondiente. y basta que la ley otorgue a los causantes
el derecho de combatir la fijación del gravamen, una vez que ha sido determinado,
para que en materia hacendaria se cumpla con el derecho fundamental de audiencia,
consagrado por el artículo 14 constitucional, precepto que no requiere necesariamente,
y en todo caso, la audiencia previa, sino que, de acuerdo con su espíritu. es bastante
que los afectados sean oídos en defensa antes de ser privados de sus propiedades. posesiones
o derechos."388
Puede inferirse fácilmente que el anterior criterio responde a las ideas
expuestas por Vallarta tendientes a estimar que la facultad económico-coactiva
no es contraria al artículo 14 constitucional, atendiendo a la necesidad,
urgencia y premura con que el Estado debe proceder para fljar y recaudar
los impuestos, que entrañan obligaciones públicas individuales de carácter
económico y cuyo cumplimiento está directamente destinado a sufragar los
gastos públicos de muy variada índole, objetivo éste que no se lograría con la
ductilidad y prontitud que su consecución requiere; si se observara previamente
a tales actos la garantía de audiencia. Pero prescindiendo de estas
consideraciones, que estimamos atingentes, existe una razón de carácter estrictamente
constitucional para apoyar la inoperancia de la garantía de audiencia'
en el caso que tratamos. Ya hemos afirmado que el acto de
autoridad condicionado por la citada garantía es un acto de privación. Ahora
bien, la determinación de un tributo y su cobro no presentan esta naturaleza
en sentido estricto, puesto que se traducen en prestaciones de dar que se imponen
a los causantes sin que en sí mismas impliquen la desposesión de un
derecho o de un bien que se comprenda dentro de su esfera jurídica. Si esas
prestaciones no se realizan o hacen efectivas, la autoridad fiscal ejercita la facultad
económico-coactiva, la cual culmina con el remate y adjudicación de
los bienes o derechos del causante que se hayan secuestrado administrativamente
para asegurar los intereses fiscales. Tales actos sí revisten el carácter
de actos de privación, pues mediante ellos se reduce O merma la esfera jurídica
del sujeto contra quien se hubiesen ejecutado. Por esta causa, antes de
que se efectúen sí debe otorgarse al causante que haya incurrido en impago
de las prestaciones fiscales, las oportunidades defensivas y probatoria en que
radica la esencia de la garantía de audiencia, sin que ésta deba ser observable
con antelación al señalamiento del tributo y a su cobro, con el cual se
inicia el desempeño de la citada facultad. Esta aserción no implica que con
posterioridad a la ftiación de un impuesto o de cualquiera otra gabela fiscal,
el causante no tenga el derecho de impugnarla mediante los recursos ordinarios
o medios de defensa legal procedentes, e inclusive. a través de la ac-
3.. llpindiu 1985, tesis 8, Pleno. klem; Apindiu 1995, tesis 79, Materia (;qi¡,liltu:ionlJi.