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GARANTÍAs DE LIBERTAD 367
a la lectura para la niñez y juventud en edad escolar, la propia libertad
adolece de las limitaciones que se derivan del artículo 3 constitucional.
c) Seguridades jurfdico-constitucionales de la libertad de imprenta.
1. La primera de ellas consiste en que en ningún caso podrá secuestrarse
la imprenta como instrumento de delito (art. 7). El hecho delictuoso a
que se refiere esta prohibici6n está constituido por aquellos ataques que,
por medio de impresos en general, se dirigen en contra de la vida privada,
de la moral o de la paz pública. Tales hechos implican lo que sc llama
delitos de imprenta, que tipifica la ley relativa expedida por don Venustiano
Carranza, y para cuyo conocimiento es competente el Jurado Popular
Federal. El Código Penal, dentro del sistema de penalidad que establece,
consigna como sanci6n especifica la pérdida de los instrumentos del delito.
Pues bien, esta pena no se debe aplicar a los delitos de imprenta en vista
de la prohibici6n constitucional mencionada, la cual se justifica plenamente,
porque impide que se inutilice un aparato u objeto que tan necesario
es para la divulgaci6n cultural.
2. Otra garantía que en materia penal tiene la libertad de imprenta
por lo que respecta a los delitos que su ejercicio pueda motivar en los supuestos
ya especificados, es la consistente en que en ningún caso se podrán
encarcelar, so pretexto de delitos de prensa, a los "expendedores, papeleros,
operarios y demás empleados del establecimiento donde haya salido el escrito
denunciado, a menos que se demuestre previamente la responsabilidad
de aquéllos". En relación con esta garantía a la libertad de imprenta, la
Constituci6n impone al Poder Legislativo una verdadera obligaci6n positiva,
que estriba en dictar disposiciones en las que se establezca dicha prohibición
de encarcelamiento.
La prevenci6n constitucional que encierra esta garantía está plenamente
justificada. Los delitos de imprenta son eminentemente intencionales, en el
sentido de que es la intenci6n dolosa la que atribuye el carácter delictivo
a los hechos que se traducen en ataques a la vida privada, a la moral o a
la paz pública. Pues bien, los expendedores y operarios en general de un
establecimiento editorial, que obedecen órdenes y ejecutan sus labores por
instrucciones que reciben de sus superiores y que no son, en la mayoría de
los casos, los autores intelectuales de los escritos "lesivos, no tienen responsabilidad
penal en la confecci6n de los mismos, ya que ésta se fija por la intenci6n
dolosa en ellos comprendida. Un operario, que únicamente elabora
materialmente un impreso, no es de ninguna manera sujeto de dicha intenci6n,
por lo que no debe ser penalmente responsable de los delitos que resulten
de la publicaci6n de un escrito en el que se ataquen la moral o la
vida privada o se altere la paz pública. Un operario, expendedor, etc., sólo