LAS GARANTÍAS INDIVIDUALES - Index of /prueba/descargas

330 LAS GARANriAs INDIVIDUALES
negar la citada patente, viene en realidad a constituir un factor de nugatoriedad
para los títulos que aquélla otorga, en el sentido de que éstos, sin el reconocimiento
de validez que la consabida dirección puede formular, no facultan
a su poseedor para ejercer la profesión de que se trate en el Distrito
Federal. Además, debe tomarse en cuenta que el artículo 25 de la Ley Reglamentaria
del artículo 5 constitucional, asi como otros preceptos de la misma
que seria prolijo citar, no traducen una verdadera reglamentación de las indicadas
disposiciones de nuestra Ley Suprema. En efecto, todo ordenamiento
que reglamente a los señalados preceptos constitucionales, principalmente el
artículo 5 en lo tocante a las actividades profesionales, sólo debe contener
normas que tiendan a determinar qué profesiones necesitan título para su
ejercicio, cuáles son los requisitos que deban satisfacer para obtener éste y
cuáles son las autoridades facultadas para expedirlo, pero no condiciones sine
quibus non del desempeño profesional mismo (como es el otorgamiento de
la "patente" que concede la Dirección mencionada), pues es evidente que
las únicas que pueden habilitar a una persona para ejercer una profesión
son las instituciones que determine la propia ley al expedir el título correspondiente,
ya que éste, en sí mismo, involucra la capacitación profesional.'"
Congruente con la necesidad ineludible de registrar un título profesional
para que su poseedor pueda ejercer en el Distrito Federal, el artículo 26
del ordenamiento reglamentario que comentamos establece la obligación
para las autoridades judiciales y las que conozcan de asuntos contenciosoadministrativos,
de rechazar la intervenci6n de personas que se ostenten como
patronos o asesores técnicos de los interesados si no comprueban contar
con dicho registro en la Direcci6n General de Profesiones. Dicha obligaci6n
no existe tratándose de la representación juridica en materia obrera, agraria
y cooperativa, así como en negocios de carácter penal, en los que el
acusado o procesado puede nombrar como defensor a cualquier sujeto de
su confianza. Aunque la Ley Reglamentaria del artículo 5 constitucional
no excluye la ohligación de comprobar el registro de un título profesional
para que su poseedor pueda intervenir en los juicios de amparo como
autorizado para oir notificaciones por los quejosos y terceros perjudicados
con las facultades a que se refiere el artículo 27 de la ley respectiva, estimamos
que en dichos juicios es inoperante la mencionada obligaci6n. En efecto,
el artículo 27 de la Ley de Amparo establece que el quejoso y el tercero
perjudicado podrán autorizar a cualquier persona con capacidad legal para
oír notificaciones en su nombre, estando investida la persona autorizada con
atribuciones que realmente corresponden a un mandatario judicial o a un
'221 La jurispf'udencia de la Suprema Corte, participando deJas consideraciones formuladas,
ha reputado inconstitucionales los artículos 15 y 18 de la Ley de Profesiones, por
contener restricciones o limitaciones a la libertad de trabajo que, por una parte, no se
involucran en el artículo SO constitucional y, por la otra, tampoco se instituyen en ningún
otro precepto de la Ley Fundamental, contrariando, por estos motivos, su artículo primero
(Apéndice al tomo CXVIII, tesis 825).