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SITUACIÓN DEL GOBERNADO EN LA HISTORIA 81
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bajo el reinado de Carlos IV, implicando una regulación minuciosa y detaliada
de diferentes materias jurídicas, por lo que no se la puede considerar
exclusivamente como un código procesal, ni civil, ni penal, ni de comercio,
sino que Hes todo ello a la vez" ,69
En efecto, el ordenamiento a que acabamos de aludir, a través de sus
cinco tomos o partes, trata sobre la Santa Iglesia y sus derechos (tomo
primero); sobre el rey y su casa y corte, su jurisdicción por conducto del
Supremo Consejo de Castilla, Chancillerías y Audiencias (tomo segundo);
sobre los vasallos y los pueblos (tomo tercero); sobre las ciencias, artes y
oficios, comercio, moneda y minas (tomo cuarto) y sobre contratos, obligaciones,
testamentos, herencias, juicios civiles, delitos y juicios criminales
(tomo quinto).
La somera reseña que acerca de los principales ordenamientos que integraron
el derecho positivo español hemos brevemente delineado, nos conduce
a la conclusión de que en éste, hasta antes de la Constitución de Cádiz
de marzo de 1812, no se consagraron, a titulo de derechos subjetivos públicos,
las fundamentales potestades libertarias del gobernado frente al poder
público radicado en la persona del rey y emanado de su autoridad. En
otras palabras, si el súbdito carecia de un verdadero derecho oponible a
la actividad de las autoridades y si éstas, por tanto, no teman a SU cargo
obligaciones propiamente jurídicas en favor de los gobernados que les haya
impuesto alguno de los estatutos sucintamente comentados, es lógico inferir
que en los diferentes reinos que en el decurso del tiempo formaron el Estado
español, no descubrimos antecedentes históricos de nuestras garantías
individuales.
Sin embargo, no debe creerse que, por no haberse consagrado derechos
individuales públicos en beneficio del gobernado en los distintos ordenamientos
que hemos mencionado, el poder del monarca debiese ser tiránico
o despótico, pues, según afirmamos anteriormente, a pesar de que en ellos
se registra la institución de un régimen absoluto, el derecho natural, concebido
con un contenido ideológico cristiano, no dejaba de ser la norma
suprema que regia la actuación real. Tan es así, que en la Ley 31 del TItulo
18 de la Tercera Partida de don Alfonso el Sabio se disponía que "Contra
derecho natural non debe valer privillejo, nin carta de Emperador, rey nin
otro señor. E si la diere non debe valer", además de que, como se decía en
el Fuero Juzgo, sólo legitimaba al monarca su conducta conforme a derecho
y justicia. .
Pero independientemente de los códigos que hemos reseñado, el derecho
positivo español se localizaba en múltiples tueras o estatutos particulares que
. en los distintos reinos de la península ibérica y en diferentes épocas expedían
los reyes, tanto en favor de los nobles o "fijosdalgo" (fueros nobiliarios)
como en beneficio de los moradores de las villas o ciudades (fueros muni-
lHlldem.