ESPECIAL TRANSPORTE URBANO - Revista Viajeros

opinión
efecto la falta de interés por prestar aquellos servicios
poco o nada rentables (que son la mayoría). Lo que precisa
el sistema es que los niveles de prestación de esta
clase de servicios (concesionales), establecido un mínimo
de calidad alto, sean todavía mayores en aquellos
servicios que por su rentabilidad así sea posible, ajustándose
las tarifas de unos y otros en cuantía acorde
con este parámetro, que es lo que en definitiva se está
llevando a cabo en el actual proceso concursal generalizado
abierto por el Ministerio de Fomento en el 2007 y
desacertadamente interrumpido en el 2009.
Lo que, en cambio, sí podría ponderarse, es concursar
en un solo procedimiento, junto a servicios de
mayor rentabilidad, otros de escaso o nulo beneficio
económico, en incluso deficitarios, dando lugar a un
único contrato concesional, a servir por un único
operador, lo que para su puesta en práctica precisaría
de una reforma a nivel de Ley (posibilidad solamente
contemplada en la Ley 5/2009, de 20 de
octubre, de Ordenación del Transporte y la
Movilidad por Carretera de la Comunidad de
Madrid). De hecho, este es el sistema que viene rigiendo
tradicionalmente, puesto que la casi totalidad
de las empresas concesionarias explotan
servicios rentables y no rentables o escasamente
rentables, y también deficitarios (sin la existencia de
un régimen de ayudas o subvenciones públicas).
Es por todo ello que debo resaltar que, en lugar de
posicionarse el anteproyecto que se examina, respecto
de esta clase de servicios públicos, de una
forma tan intervencionista y a mi entender desacertada,
denotándose un gran desconocimiento de la
realidad del sistema y del sector del transporte público
de viajeros por carretera, el Gobierno debería
impulsar (lo que no hace el anteproyecto de Ley),
como ya se ha indicado anteriormente, el acceso a
la infraestructura ferroviaria, terminando con el monopolio
de Renfe-operadora, así como la apertura
del mercado de servicios regulares en autobús en el
ámbito de la UE, tal y como igualmente se ha enunciado
más atrás.
Frente a cuanto se ha expuesto, el anteproyecto de
Ley objeto de la presente colaboración, teniendo en
cuenta que las CCAA y las Corporaciones locales tie-
“Contemplar el sistema concesional desde
la óptica de una visión individualizada de
la rentabilidad económica para la empresa
operadora de cada concesión o servicio
público, constituye un mayúsculo error.”
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nen la mayoría de las
competencias en materia de
transportes de viajeros por carretera
(incluso legislativas), y el
hecho de que no estamos ante un anteproyecto
de Ley cuyos preceptos vayan a
tener carácter básico, deviene en que las disposiciones
de este anteproyecto normativo solamente han de
contribuir al fomento de la quiebra de la unidad de mercado en el
sector, ya que sus disposiciones únicamente se aplicarán a aquellos servicios
de la competencia de la Administración del Estado. Así pues, modificar substancialmente
el vigente modelo jurídico, contemplando la posibilidad de existencia
de más de un operador, para que este cambio solo sea efectivo en un
número escasísimo de concesiones de titularidad estatal (no más del 1% de la red
concesional total, ya de la competencia del Ministerio de Fomento, ya de las
CCAA), no puede ponderarse como acertado, puesto que en definitiva se trataría
de una medida que en su valoración conjunta lo que provocaría es una
enorme inseguridad jurídica y falta de confianza empresarial, ya que las empresas
operadoras siempre estarían expuestas a que en virtud de una decisión
discrecional se abriera o no la concesión a un segundo operador. De otro lado,
es bien cierto que si muchas concesiones tienen una mayor rentabilidad, lo es
por el esfuerzo de la empresa prestataria, que en caso de modificarse el modelo,
tal y como se ha indicado, ya se cuidaría de no elevar los niveles de rentabilidad
(captación de la demanda) sino hasta el justo límite, lo que provocaría, además,
un menor nivel de inversiones, ajustándose ingresos y costes de modo que la
concesión que explota no estuviera expuesta a tal clase de decisiones discrecionales
(muy perturbadoras de la economía sostenible y de la creación de empleo).
Y es que contemplar el sistema concesional desde la óptica de una visión individualizada
de la rentabilidad económica para la empresa operadora de cada
concesión o servicio público, constituye un mayúsculo error, fuente del empobrecimiento
general del sistema y de las empresas operadoras; en definitiva, un
“experimento” con demasiados riesgos, y a mi parecer ni el sector, ni la economía
en general, está para tales “experiencias” o ideas de algún “genio oculto”,
máxime cuando se trata de un sistema que ha venido funcionando correctamente,
sirviendo a su objeto final (conectar todas las localidades de la geogra