ESPECIAL TRANSPORTE URBANO - Revista Viajeros

fía nacional, con un satisfactorio
nivel de calidad
y precio), y por ello analizado,
estudiado y cuidado, durante
tantos años, por innumerables
gestores públicos de alto prestigio y conocimientos
de la materia de que se trata.
Por otra parte, las vigentes referencias a la competencia
y principios de concurrencia, transparencia y publicidad de
la normativa interna (Ley de Contratos del sector público y LOTT) y comunitaria
(Reglamento 1370/2006, entre otros), son no solo suficientes, sino mucho más
afortunadas que las a mi entender deslavazadas disposiciones que se proyectan
en este orden en el anteproyecto de Ley en cuestión, cuyos conceptos, en multitud
de casos, bajo mi estimación, son discordantes con la normativa comunitaria
que es de aplicación. En este orden de cuestiones, el meritado anteproyecto
de Ley (que nos recuerda a las tantas veces censuradas “Leyes de
Acompañamiento” a los Presupuestos Generales del Estado), contiene una definición
de los “mercados de transporte” confusa, que estimo no se acomoda a
la normativa emanada de la UE, ni a nuestro Derecho Administrativo general, definición
y consiguiente clasificación que además es innecesaria, por cuanto que
la normativa europea tiene definidos tales mercados, para todos los modos.
En otro orden de cuestiones más concretos, y por la propuesta de modificación
del art.73.3 LOTT, los concursos que se celebren bajo esta posible reforma, se
convertirían en altamente discrecionales, así como en auténticas subastas encubiertas,
lo que debe rechazarse, máxime teniendo en consideración que en la
actualidad rige un pliego de bases plenamente conforme con la normativa vigente
(principalmente, Ley de Contratos del Sector Público y Reglamento UE
1370/2006), que entre otras importantes virtudes tiene la de ser plenamente objetivo,
no existiendo ningún elemento de apreciación discrecional, incrementando
hasta los niveles máximos posibles la calidad de los servicios, tanto en
relación con la protección del medio ambiente, la movilidad de las pmr, así como
de la seguridad y el confort de los usuarios. Si a ello se añade que se trata de un
pliego consensuado por unanimidad con todas las federaciones empresariales
del sector (Fenebus, Asintra y Anetra), podemos concluir que objetivamente no
puede entenderse la razón de estas modificaciones. En este sentido, ha de resaltarse
la siempre muy positiva y profesionalizada aptitud de la Dirección
General de Transporte Terrestre del Ministerio de
Fomento, que siempre ha actuado en una línea de
consenso, y que de forma moderada y equilibrada
viene defendiendo, desde un perfecto conocimiento
del mercado de transportes, el régimen concesional
de la clase de servicios de que se trata; Centro directivo
que no ha sido parte en la redacción del anteproyecto
normativo en cuestión, y que tiene el muy
bien ganado aprecio y consideración del sector.
También se proyecta derogar el art.74.2 LOTT, lo supone
la inaplicabilidad de la disposición del ROTT
que lo desarrolla (art.73.3), y con ello la desaparición
de la regla a tenor de la cual “en el supuesto de que
la oferta que, en su caso, hubiese presentado el anterior
concesionario, mereciera una valoración global
similar a la mejor o mejores del resto de las
ofertas presentadas, tendrá preferencia sobre éstas,
siempre que la prestación del servicio se haya realizado
en condiciones adecuadas. Se entenderá que
se produce la similitud de ofertas a que se refiere el
párrafo anterior cuando, existiendo valoración
cuantitativa, la oferta del anterior concesionario mereciera
una valoración que no difiera de la mejor de
las restantes en más del 5 por 100 de la puntuación
máxima posible”. Respecto a esta cuestión, cabe significar
que independientemente de que no se ha regulado
cuando una concesión que se concurse, es a
estos efectos la misma que se venia explotando,
debe de mantenerse este precepto de la LOTT, máxime
cuando no existe ningún otro precepto en
nuestro Ordenamiento jurídico (Ley de Contratos del
Sector Público, etc.), que ordene qué sucede cuando
dos o más ofertas obtengan similar puntuación; que
en un pliego cuya puntuación máxima es de 100
puntos, se entienda como oferta “similar” a los efectos
de que se trata, solamente una diferencia de 5
puntos, parece totalmente razonable y no discriminatorio,
y bajo mi consideración, como he fundamentado
en distintas colaboraciones y conferencias,
es perfectamente compatible con la normativa interna
y comunitaria.
Además, se introduce en el anteproyecto la obligatoriedad
de que la Comisión Nacional de la
Competencia informe toda modificación de las condiciones
concesionales, aunque éstas no sean de carácter
esencial, introduciéndose así un
intervencionismo público exacerbado, que solo contribuiría
a que tales procedimientos sean todavía
más lentos que en la actualidad. El interés general o
público que pueda existir en toda modificación ha
de ser solamente valorado por el Ministerio de
Fomento, que con esta clase de disposiciones queda
convertido en un Departamento intervenido por la
CNC. Por otra parte, y teniendo en cuenta las competencias
ya exclusivas, ya delegadas (Ley
Orgánica5/1.987) de las CCAA en la casi totalidad de
los servicios existentes de la clase de que se trata, y
el hecho de que todas ellas tendrán a corto plazo una
propia normativa (distinta de la LOTT), introducir
este “trámite” constituye un nuevo elemento en la
quiebra de los principios de unidad de mercado e
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