CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA - La Pastoral Familiar es

1922 La diversidad de regímenes políticos es legítima, con tal que promuevan el bien
de la comunidad.
1923 La autoridad política debe actuar dentro de los límites del orden moral y debe
garantizar las condiciones del ejercicio de la libertad.
1924 El bien común comprende ‘el conjunto de aquellas condiciones de la vida social
que permiten a los grupos y a cada uno de sus miembros conseguir más plena y
fácilmente su propia perfección’ (GS 26, 1).
1925 El bien común comporta tres elementos esenciales: el respeto y la promoción de
los derechos fundamentales de la persona; la prosperidad o el desarrollo de los bienes
espirituales y temporales de la sociedad; la paz y la seguridad del grupo y de sus
miembros.
1926 La dignidad de la persona humana implica la búsqueda del bien común. Cada
cual debe preocuparse por suscitar y sostener instituciones que mejoren las
condiciones de la vida humana.
1927 Corresponde al Estado defender y promover el bien común de la sociedad civil.
El bien común de toda la familia humana requiere una organización de la sociedad
internacional.
ARTÍCULO 3
LA JUSTICIA SOCIAL
1928. La sociedad asegura la justicia social cuando realiza las condiciones que permiten
a las asociaciones y a cada uno conseguir lo que les es debido según su naturaleza y su
vocación. La justicia social está ligada al bien común y al ejercicio de la autoridad.
I El respeto de la persona humana
1929. La justicia social sólo puede ser conseguida sobre la base del respeto de la
dignidad trascendente del hombre. La persona representa el fin último de la sociedad,
que está ordenada al hombre:
La defensa y la promoción de la dignidad humana ‘nos han sido confiadas por el
Creador, y de las que son rigurosa y responsablemente deudores los hombres y mujeres
en cada coyuntura de la historia’ (SRS 47).
1930 El respeto de la persona humana implica el de los derechos que se derivan de su
dignidad de criatura. Estos derechos son anteriores a la sociedad y se imponen a ella.
Fundan la legitimidad moral de toda autoridad: menospreciándolos o negándose a
reconocerlos en su legislación positiva, una sociedad mina su propia legitimidad moral
(cf PT 65). Sin este respeto, una autoridad sólo puede apoyarse en la fuerza o en la
violencia para obtener la obediencia de sus súbditos. Corresponde a la Iglesia recordar
estos derechos a los hombres de buena voluntad y distinguirlos de reivindicaciones
abusivas o falsas.