Resolución Defensorial N° 58 - Defensoría del Pueblo

Quinto. NORMAS VINCULADAS CON LA INVESTIGACIÓN.
El despojo de las tierras a las poblaciones vulnerables del departamento, el
impedir el acceso a los recursos vitales para sobrevivir y el daño a los recursos
naturales son acciones que atentan contra los principios consagrados en diversos
instrumentos jurídicos nacionales e internacionales suscritos por Colombia, que
plasman la necesidad de garantizar los medios para vivir dignamente, suplir las
necesidades básicas y conservar los recursos naturales para garantizar su
desarrollo sostenible.
La Convención de Viena de 1993 dispone que los derechos humanos son
universales, indivisibles, interdependientes y están relacionados entre sí. Es por
ello que su tratamiento debe ser global, justo, equitativo y dar a todos el mismo
peso.
El artículo 17 del Protocolo Adicional de los Convenios de Ginebra señala los
principios rectores del desplazamiento forzado, especialmente sobre la restitución
de las viviendas y el patrimonio de los refugiados y las personas desplazadas.
La problemática reseñada en la presente resolución vulnera lo dispuesto en la
Constitución Política de Colombia, que consagra: Colombia es un Estado social de
derecho, fundado en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la
solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general
(Artículo 1º) y, que son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad,
promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios,
derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de
todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política,
administrativa y cultural de la Nación (Artículo 2º).
Por orden constitucional, es obligación estatal y de las personas proteger las
riquezas culturales y naturales de la Nación (Artículo 8º).
Igualmente, por mandato constitucional es obligación del Estado brindar
protección especial a “aquellas personas que por su condición económica, física o
mental se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta” (Artículo 13).
De la misma forma, la Constitución establece que “la propiedad es una función
social que implica obligaciones. Como tal, le es inherente una función ecológica”
(Artículo 58).
La Carta consagra que “la producción de alimentos gozará de la especial
protección del Estado”, lo cual busca garantizar los derechos de todos a una
alimentación adecuada y a la seguridad alimentaria (Artículo 65) Y es deber del
Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de
especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos
fines (Artículo 79).
Se dispone constitucionalmente que el Estado planificará el manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar su desarrollo
sostenible, su conservación, restauración o sustitución, y que al mismo tiempo
deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las
sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados (Artículo 80).
Los derechos consagrados en la Carta se interpretarán de conformidad con los
tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia
(Artículo 93). De igual manera, el Estatuto Superior consagra que es deber de la
persona y del ciudadano proteger los recursos naturales y culturales del país y
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