Resolución Defensorial N° 58 - Defensoría del Pueblo

desencadenaron la situación de desastre así como los planes de prevención, de
contingencia, de emergencia, de recuperación y de reconstrucción existentes y a
participar en todas las etapas del proceso 48 .
La Conferencia Mundial Por un Mundo Más Seguro en el Siglo XXI de 1994 marcó
el inicio de los esfuerzos para reducir los riesgos de desastres, esfuerzo que se ha
continuado. El Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres fue
creado por medio de la Ley 46 de 1988, en la que se establecieron las
responsabilidades, la estructura organizativa, los mecanismos de coordinación e
instrumentos de planificación y financiación del SNAPD a escala nacional, regional
y local. Otra serie de normas contemplan el tema 49 .
Este derecho fue claramente vulnerado cuando en las temporadas invernales de
1997 y 1998 se presentaron grandes inundaciones en la cuenca media y baja del
río Sinú, que afectaron a más de cien mil personas, entre campesinos y
pescadores. Ello se debió a las diferentes intervenciones en el valle del Sinú que
han afectado la dinámica hidráulica de toda la cuenca. La acción estatal se centró
en la atención y poco en la prevención para reducir o controlar las causas.
Derecho a la seguridad alimentaria.
El derecho a la seguridad alimentaria está ligado a la alimentación en la medida
en que, para su garantía, se debe asegurar la disponibilidad de alimento en
cantidad y calidad suficientes, de manera sostenible y aceptable desde el punto
de vista cultural. Esta disponibilidad debe ser física, geográfica y económica y
estar al alcance de todas las personas sin ninguna discriminación. Esta relación
quedó esbozada en el Plan de Acción de la Cumbre Mundial sobre Alimentación en
el año 2003.
Para su plena realización, la seguridad alimentaria depende de la posibilidad de
acceder tanto a los recursos naturales necesarios, como los propios alimentos,
como a los recursos indispensables para su cocción y preparación. Al Estado le
corresponde garantizar el entorno y las condiciones para que los individuos y las
comunidades accedan plena y autónomamente a los alimentos 50 .
Entre otros, el derecho a la alimentación se consagra en el artículo 65 de la
Constitución Política de 1991 donde, en forma expresa, se da un tratamiento
prioritario a las personas o entidades dedicadas a la producción de alimentos.
Varios aspectos ponen en riesgo la realización de este derecho, uno de ellos es
quitarle la posibilidad de acceder al uso y usufructo de la tierra a las personas
menos favorecidas que carecen de la capacidad para procurarse de otra manera
su sustento. Una de las formas más dramáticas de hacerlo es desplazando a
familias o grupos de población de los lugares donde han estado arraigados por
largos periodos de tiempo y enviándolos a formar parte de los cinturones de
miseria de las ciudades. Algunas veces la población retorna, pero no se le
garantizan los mecanismos para procurase su sustento; otras veces, son
reubicados en otros lugares sin ningún tipo de ayuda y muchos deben
desplazarse una y otra vez.
De otra parte, los grandes proyectos de explotación de recursos o de
infraestructura no tienen en cuenta el cambio cultural que ocasionan en la región
48
Gustavo Wilches-Chaux. “Derechos de personas y comunidades afectadas por desastres”. Propuesta
para discusión. Fundación para la Comunicación Popular. Red de Estudios Sociales sobre Desastres – La Red.
49
La Ley 99 DE 1993, Ley Ambiental, Ley 388 de 1997, Ordenamiento Territorial y la Ley 472 de 1998,
Acciones Populares y de Grupo.
50
Defensoría del Pueblo. El Derecho a la Alimentación. 2006. Página 43.
31