Resolución Defensorial N° 58 - Defensoría del Pueblo

algunas autoridades departamentales y nacionales ha llevado a incrementar los
niveles de riesgo y de vulnerabilidad de la población civil 33 .
Son varios los intereses que han motivado el despojo y pérdida de acceso a la
tierra por parte del campesinado, entre estos cabe señalar los más notorios: i.)las
incursiones de los grupos post desmovilización de las AUC para mantener el
poder en aquellas zonas geográficas en donde ejercían poder los antiguos grupos
de autodefensa, y el corte de los corredores que utiliza o utilizaba la guerrilla; ii.)
el uso de las tierras para la producción de la hoja de coca; iii.) utilización de las
zonas como corredores para el procesamiento y comercialización de la base de
coca hacia otras zonas del país y el exterior, utilizando la salida estratégica por el
mar Caribe; y iv.) concentración de la propiedad de la tierra y otras acciones que,
consecuencia del conflicto armado, generan pérdida de territorio, a saber: a)
extorsiones por parte de los diferentes actores armados ilegales; b) los impactos
directos e indirectos de algunos mega proyectos; c) la disputa armada entre los
diferentes grupos; d) las acciones del Estado, enfrentamientos, contra los grupos
armados al margen de la Ley; e) la erradicación manual y la aspersión aérea de
los cultivos de coca.
El tipificar las formas de despojo de la tierra 34 permite concluir que cada una de
estas formas es recurrente y extendida a casi todo el departamento y que, como
se ha dicho, no han sido erradicadas a pesar de la desmovilización de los grupos
paramilitares sino que, por el contrario, con la presencia de nuevos grupos
armados se ha incrementado este tipo de amenazas a la población.
La situación que se vive en el departamento de Córdoba hace necesario una
efectiva y eficaz política pública en materia de tierras y prevención.
Las comunidades a las que se les vulnera el derecho a la tierra sufren un
empobrecimiento progresivo debido al limitado o nulo acceso a los medios
financieros y de producción, además de la carencia, en algunos casos absoluta,
de los servicios públicos.
Se hace necesario el acompañamiento integral y el fortalecimiento de las
comunidades, dada la presencia activa de grupos armados ilegales que dificulta la
participación y el acceso de las víctimas a la justicia para reclamar sus derechos.
Análisis social y jurídico sobre la problemática de tierras en Córdoba.
La Constitución Política de Colombia establece que son fines del Estado: servir a
la comunidad, promover la prosperidad en general y garantizar la efectividad de
los principios, derechos y deberes consagrados en su texto; facilitar la
participación de todos en las decisiones que los afecten y en la vida económica,
política, administrativa y cultural de la nación; defender la independencia
nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la
vigencia de un orden justo.
Además, precisa que las autoridades de la República están instituidas para
proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes,
33 Según Comfavic, en el departamento hay 39 mil hectáreas de tierra que fueron usurpadas por los actores
ilegales, las cuales están siendo reclamadas por 800 familias, pero se cree que son más de 20 mil las víctimas
de la violencia en Córdoba.
34 Otras investigaciones también han identificado las formas como se hace despojo de tierras en el país. Una de
estas se encuentra en el informe del Programa de Consultas para la Recuperación de Tierras del Ministerio de
Agricultura (Conret). 2009, que define: “Los diferentes tipos de despojo identificados son: la transferencia
forzada de dominio, las ventas falsas, la caducidad administrativa, el desplazamiento de propietarios y el
desplazamiento de poseedores, ocupantes y tenedores, entre los principales”.
23