Resolución Defensorial N° 58 - Defensoría del Pueblo

Política de protección y restitución de tierras
En cuanto se refiere al ejercicio del derecho a la reparación y restitución de
tierras abandonadas, propiedad de las víctimas del desplazamiento forzado en
Colombia, es evidente que existe un marco jurídico que busca la reparación
integral de parte del Estado colombiano. Sin embargo, la experiencia ha
demostrado una alta debilidad institucional, sumada a la complejidad para
desarrollar un sistema con capacidad de integración, coordinación y gestión de
todo el proceso, incluyendo la atención centralizada de las víctimas y una base de
datos que permita corroborar la información entregada por la comisión de
seguimiento o el registro único de población desplazada. Además, la ausencia de
un sistema nacional que se encuentre en línea con las bases de datos regionales
y con los institutos de catastro y el INCODER, hace titánica la tarea de la
reparación efectiva e integral de las víctimas del desplazamiento para, de esta
manera, dar cumplimiento a lo estipulado en la ley colombiana y en los acuerdos
internacionales que el Estado ha suscrito.
En el marco de la Ley de Justicia y Paz, según algunos medios de comunicación,
durante diez años, se ha extinguido el dominio de cerca de un millón de
hectáreas de tierras, entregadas a depositarios provisionales, algunas vendidas
por el Gobierno, pero aún no utilizadas para solucionar los problemas del
desplazamiento y la expulsión del campesinado 35 .
La Unidad Regional de Atención Integral de Víctimas o de Justicia y Paz de la
Defensoría del Pueblo tramitó, en el 2009, 118 solicitudes de protección de
predios abandonados por causa de la violencia e inició un proceso de apertura de
canales interinstitucionales para avanzar en procura de la verdad, la justicia y la
reparación de las víctimas. Es necesario tener en cuenta que los pocos casos, las
amenazas y los atentados contra líderes sociales impiden la entrega a los
desplazados de bienes de extinción de dominio.
Planteamientos gubernamentales
El Gobierno nacional ha venido trabajando algunas propuestas para abordar el
tema de tierras y desplazados, principalmente en respuesta a los autos emitidos
por la Corte Constitucional en el año 2009 36 . Estos documentos preliminares han
sido cuestionados por no abordar de fondo las causas del problema y centrar la
acción estatal en la “restitución subsidiaria en dinero y en especie”, sin atender
los reales problemas del despojo y el desplazamiento 37 .
Una de estas es la Ley 791 de 2002, por medio de la cual se reducen en materia
civil los términos de prescripción sobre la propiedad, de 20 a 10 años para la
prescripción adquisitiva de dominio sobre bienes inmuebles, tratándose de
prescripción extraordinaria, y de 10 a cinco años cuando se trate de prescripción
ordinaria. Sin embargo, estos preceptos legales pueden utilizarse para favorecer
o no al campesino. El primer caso, que es desfavorable para el campesino, se
podría presentar frente a un derecho del cual él es titular, cuando un tercero
pretenda que le sea declarada la prescripción extintiva del dominio, bien por el
abandono o por la ocupación fraudulenta del poseedor ilegítimo, cuando se trate
35 En Revista Semana. Investigación Social “Guerreros y campesinos, el despojo de la tierra en Colombia”,
Alejandro Reyes Posada, editado por Norma. Jueves 9 abril 2009.
36 Departamento Nacional de Planeación; los Ministerios de Agricultura y Desarrollo Rural, y del Interior y de
Justicia; la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional. Propuesta de lineamientos
de política de tierras y territorios para la población víctima del desplazamiento forzado, en riesgo de
desplazamiento y de despojo. Junio 25 de 2009, , en consulta con Instituto Colombiano para el Desarrollo Rural
(Incoder); el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), la Superintendencia de Notariado y Registro, y la
Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación.
37 John Jairo Rincón García, Desde Abajo/CEPRID comentarios al documento citado.
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