Resolución Defensorial N° 58 - Defensoría del Pueblo

7. 15 embargos por jurisdicción coactiva adelantados por parte del Incoder.
De igual manera, se denunció que la señora Clara Rosa Paternina ha venido
comprando parcelas a la población desplazada a precios irrisorios, sin que se le
ponga límite a este acaparamiento de tierras y sin saber si las ventas se hacen
bajo presión. Indicaron los voceros que los programas de reforma agraria no se
han desarrollado en el municipio en forma debida, por cuanto han presentado
proyectos productivos integrales que han sido devueltos por contener algunas
inconsistencias y sólo se les da un día para corregirlas o subsanarlas, lo que
resulta imposible, ya que la comunidad campesina no cuenta con asesores en la
materia y el Incoder no presta asesoría sobre este particular. Por la tanto, la
comunidad queda en estado de incertidumbre por no poder acceder a los
programas que publicita el Gobierno nacional a través de convocatorias.
De otra parte, se indicó que el resguardo Quebrada Cañaveral ha sido víctima del
desplazamiento desde el año de 1999 por parte de las Autodefensas Campesinas
de Córdoba y que en el año 2001 asesinaron a varios dirigentes indígenas, lo
mismo que a dos jóvenes de la comunidad. Igualmente, el resguardo está
afectado por la explotación de minerales como el hierro, el níquel y el carbón. Sin
contar con la correspondiente consulta previa, han sido sembradas minas
antipersona y la fumigación de su territorio ha significado la devastación de los
recursos naturales que constituyen su fuente de vida; por ello, muchos miembros
de la comunidad han fallecido, bien como víctimas de las minas o por el hambre,
dada la imposibilidad de cazar o pescar.
Los indígenas embera katio del Alto Sinú denuncian que han sido afectados
drásticamente por la construcción de la hidroeléctrica de Urrá y las obligaciones y
compromisos de la empresa no son cumplidos cabalmente. Su territorio está muy
afectado por la siembra de minas antipersona.
Sobre los municipios de Montelíbano, Ayapel y San José de Uré se resaltan los
siguientes problemas de tierras:
Montelíbano tiene registradas a 350 familias desplazadas, 500 campesinos
tradicionales, que aspiran a un subsidio para compra de tierra y desarrollo de
proyecto productivo, lo cual resulta difícil por la falta de información sobre la
formulación de proyectos productivos, ya que los asesores en esta materia les
cobran hasta el 20% del valor del proyecto productivo integral.
En cuanto al municipio de Ayapel, se informó que el predio Las Catas fue
entregado en forma provisional por la Dirección Nacional de Estupefacientes, en
el cual se asentaron 320 familias campesinas desplazadas, pero se encuentran
dentro de él varios desmovilizados que causan mucha preocupación. En el mismo
predio se adelanta un programa de vivienda de interés social, en el que han
resultado favorecidas personas que no tienen la condición de desplazados, pero
que son amigas o simpatizantes de la administración.
Al parecer, las fincas compradas por el Incora e Incoder se hallan localizadas
demasiado lejos del casco urbano de Ayapel, sin vías de comunicación, lo cual
dificulta su explotación; además, no cuentan con recursos económicos para el
desarrollo de proyectos productivos. Adicionalmente, el municipio tiene
registradas 700 familias desplazadas que requieren de tierras y recursos para su
explotación. Se denuncia la desviación de recursos por parte de las autoridades
municipales, quienes amenazan ante cualquier intento de denuncia que se quiera
hacer; también habría presión de la policía a la población campesina para que
erradique directamente la coca.
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