Resolución Defensorial N° 58 - Defensoría del Pueblo

victimarios y, otras veces, sin prestar ninguna seguridad por parte de la fuerza
pública a los beneficiarios del programa de dotación de tierras, ya que fácilmente
pueden ser agredidos nuevamente por los agentes perpetradores del
desplazamiento, en retaliación por las posibles denuncias de actos atroces.
- Los programas de reforma agraria son marginales, ya que no se afectan las
grandes propiedades de tierras, muchas de ellas ociosas en general, o
indebidamente explotadas. Se adquieren, con frecuencia, sólo algunas que no
presentan adecuadas condiciones agrológicas de explotación y que son ofertadas
en forma voluntaria por sus propietarios a Incoder.
- Apropiación indebida de tierras de los campesinos tradicionales, al ser
presionados bien por la venta a precios irrisorios o por el despojo, previo
desplazamiento so pena de asesinato, secuestro o extorsión.
- Acaparamiento de Unidades Agrícolas Familiares, sin tener en cuenta las
limitaciones de la ley de reforma agraria, y sin que los funcionarios del Incoder
actúen para lograr su restitución o que los registradores de instrumentos públicos
denuncien estos hechos.
- Acciones violentas derivadas del enfrentamiento entre grupos ilegales en la
lucha por el control territorial, bien para destinar las tierras a la siembra de coca,
o como corredor vial para el tráfico de estupefacientes, armas y escondite de
víctimas del secuestro.
- Las mujeres son las mayores sobrevivientes del conflicto armado en Colombia,
y Córdoba no es la excepción. Por esta razón se enfrentan a grandes dificultades
a la hora de reclamar sus derechos sobre la tierra o un predio determinado,
teniendo en cuenta que en la mayoría de los casos los hombres suelen ser los
propietarios cuando existe algún título de propiedad, situación que ubica a las
mujeres en un mayor grado de vulnerabilidad ante cualquier proceso de
restitución o reclamación de tierras.
- Temor por las acciones de control ejercido por parte de la fuerza pública en la
lucha contra los cultivos de uso ilícito, teniendo en cuenta que se presenta una
estigmatización sobre la población civil y esto ha ocasionado el señalamiento por
parte de los grupos armados ilegales, que tienen grandes intereses en el negocio
del narcotráfico.
- Desprotección ante los intereses económicos de las empresas que hacen
explotación de los recursos naturales, que pueden ocasionar grave impacto al
medio ambiente y amenazar la permanencia de los campesinos e indígenas en
sus territorios, muchas veces sin que se lleven a cabo los procesos de
participación y una verdadera consulta previa, así como sin la debida
concertación de planes de manejo ambiental que permitan mitigar el daño
ecológico que todo ello conlleva.
Todos estos hechos, denunciados por la población campesina, llevan a la
conclusión de que el Estado no está cumpliendo a cabalidad con la obligación
prevista en los artículos 2, 13, 22, 25, 58, 60 y 64 de la Constitución Política y,
por ello, es deber de las autoridades competentes del Estado adoptar medidas
eficaces que busquen garantizar los derechos que le asisten a sus comunidades
sobre la tierra de donde se desprende su derecho a la seguridad alimentaria y a
construir un proyecto de vida digno, garantizando el derecho a la tenencia y
propiedad de la tierra y su permanencia en su escenario de vida, trabajo, cultura
y desarrollo económico.
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