Resolución Defensorial N° 58 - Defensoría del Pueblo

Noveno. EXHORTAR a la Agencia Presidencial para la Acción Social y a la
Unidad Territorial de Córdoba al cumplimiento de sus funciones como entidades
coordinadoras del SNAIPD, al fortalecimiento operativo de los Comités
Territoriales de Atención Integral a la Población Desplazada en los municipios
receptores del departamento, mediante el impulso y la construcción de una
agenda regional que permita avanzar en el restablecimiento y restitución de los
derechos de la población retornada a los Montes de María, vinculando para ello
los entes territoriales.
Décimo. SOLICITAR a la Agencia Presidencial para la Acción Social, a los
comités municipales y al departamental la atención integral a la población
desplazada por la violencia, que fortalezcan los programas de difusión del
contenido de los derechos y de las rutas de protección que operan, tanto como
instrumentos disuasivos del despojo como herramientas para la reclamación de
los derechos por parte de la comunidad y de las personas afectadas así como la
prevención del desplazamiento y del despojo.
Undécimo. EXHORTAR a los miembros del comité departamental de atención
a la población desplazada a que diseñen un plan para la revisión de los
retornos existentes en el departamento, garantizando la participación efectiva de
la población desplazada e incorporándolo a los Planes Integrales Únicos (PIU) en
un término no mayor de seis meses, de modo que se atiendan no sólo los
lineamientos del Decreto 250 de 2005 y la Sentencia T-025, sino también sus
autos complementarios.
Duodécimo. SOLICITAR a la Dirección de Etnias del Ministerio del Interior, a la
Agencia Presidencial para la Acción Social, al INCODER y a las alcaldías
municipales del departamento, que cumplan las órdenes consignadas en el
Decreto 250 de 2005 en cuanto a la operación de los mecanismos comunitarios,
jurídicos e institucionales para la protección de los territorios étnicos. Para ello, es
imprescindible verificar y apoyar la situación legal, de seguridad jurídica y de
ordenamiento y manejo del territorio colectivo y resguardos, con la finalidad de
que operen las medidas para la mitigación del riesgo y la vulnerabilidad
territorial.
Décimo tercero. REITERAR a la Policía Nacional la necesidad de hacer un
acompañamiento continuo a las gestiones de los diferentes entes territoriales,
con el fin de evitar las intervenciones y recuperar efectivamente el dominio
público sobre las áreas de terreno de los cuerpos de agua que fueren desecados y
apropiados por particulares.
Décimo cuarto. EXIGIR al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial que, dentro del seguimiento del Plan de Manejo Ambiental de la mina
de Cerromatoso, haga una valoración comparativa (antes del proyecto) de: i.) el
estado actual de los recursos naturales del área de influencia de la mina y ii.) la
medición de los alcances que han tenido las diferentes acciones adelantadas por
la empresa para mejorar la calidad de vida de los habitantes de su área de
influencia.
Décimo quinto. INSTAR a la Corporación Autónoma Regional de los Valles del
Sinú y San Jorge (CVS) a que haga una valoración de los impactos que están
causando la explotación ilegal de oro en el alto San Jorge, la extracción de
maderas de la zona de Paramillo y la explotación y transporte de carbón en el
departamento.
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