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Resolución Defensorial N° 58 - Defensoría del Pueblo

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“estrecho vínculo entre el desplazamiento forzado y el despojo de bienes y<br />

tierras, lo que refuerza la hipótesis de que el centro de la disputa <strong>del</strong> conflicto<br />

armado en Colombia es la tenencia de la tierra”.<br />

De acuerdo con la II Encuesta Nacional de Verificación realizada por la Comisión<br />

de Seguimiento durante julio y agosto de 2008, el total de hectáreas usurpadas o<br />

forzadas a dejar en abandono sería <strong>del</strong> orden de 5,5 millones durante los últimos<br />

11 años, equivalentes al 10,8% de la superficie agropecuaria <strong>del</strong> país: Costa<br />

Caribe (38.2%), Región Andina (27.3%), Orinoquía – Amazonía (34.5%), sin<br />

incluir el despojo de tierras colectivas ni de propiedades mayores a 100<br />

hectáreas. El área total dejada de cultivar como consecuencia <strong>del</strong> desplazamiento<br />

forzado en los últimos 11 años ascendería a 1.118.401 hectáreas, cerca de un<br />

25% <strong>del</strong> área cultivada <strong>del</strong> país, con un promedio de 101.673 hectáreas<br />

cultivadas despojadas o forzadas a dejar en abandono por año. Como lo dice el<br />

mismo informe, las actividades relacionadas con la agricultura, la ganadería o la<br />

extracción de recursos naturales constituían parte fundamental y casi exclusiva<br />

<strong>del</strong> sostenimiento de los grupos familiares. El 55,5% de los grupos familiares<br />

tenía tierra, de los cuales a un 94% se les despojó o tuvieron que abandonar la<br />

propiedad y el 78,9%, los animales. Sólo el 18.7% de los desplazados son<br />

propietarios formales. Se transforman los usos <strong>del</strong> suelo, de las economías y de<br />

los sistemas de producción y los agricultores pasan a ser jornaleros 29 .<br />

Esto ocasiona grave empobrecimiento de los grupos familiares víctimas <strong>del</strong><br />

desplazamiento forzado, que afecta claramente sus posibilidades de consumo y<br />

de ahorro. Los ingresos dejados de percibir en los últimos once años por los<br />

grupos familiares que abandonaron tierras, animales o viviendas no rurales<br />

ascendieron a la suma de 49,7 billones de pesos (a precios de 2008). Otras cifras<br />

interesantes <strong>del</strong> citado informe: antes <strong>del</strong> desplazamiento, “cerca <strong>del</strong> 49% de los<br />

grupos familiares generaban ingresos familiares mensuales superiores a la línea<br />

de pobreza y el 68,5% por encima de la línea de indigencia. Con posterioridad al<br />

desplazamiento, tales índices caen dramáticamente, ya que solamente el 3,4% y<br />

el 19,3% generan ingresos familiares mensuales superiores a las líneas de<br />

pobreza e indigencia, respectivamente” 30 .<br />

En el departamento de Córdoba se ha intensificado la violencia durante los<br />

últimos dos años y medio (2008 – 2009 y lo transcurrido de 2010) como<br />

consecuencia de diferentes factores que afectan de manera directa a la población<br />

civil. En principio, por las disputas territoriales entre las Farc - Ep y los grupos<br />

post desmovilización de las AUC 31 , por el corredor que comunica la zona sur <strong>del</strong><br />

departamento (que ha sido utilizada para la siembra y procesamiento de cultivos<br />

de uso ilícito) y el mar Caribe, como ruta de tráfico de drogas y armas. Por otro<br />

lado, las fuerzas militares <strong>del</strong> Estado colombiano promueven un proceso de<br />

consolidación territorial a lo largo de todo este corredor desde el nudo de<br />

Paramillo hasta la zona costera <strong>del</strong> departamento, en donde realiza constantes<br />

operativos en contra de estos dos grupos ilegales.<br />

Este contexto de disputa territorial y hegemonía de los actores armados ilegales<br />

constituye un factor de alto riesgo de despojo de tierras para las comunidades<br />

campesinas y pueblos indígenas (embera katío y zenú) que habitan en el<br />

departamento.<br />

la Universidad de San Buenaventura, la Alta Consejería para la Acción Social, La Comisión Nacional de<br />

Reparación y Reconciliación (CNRR) y el Instituto Popular de Capacitación de Me<strong>del</strong>lín (IPC).<br />

29<br />

“Las caras <strong>del</strong> despojo de tierras”. Revista Semana. 06/19/2009.<br />

30<br />

Ibíd.<br />

31<br />

Este departamento es uno de los más afectados por la presencia e incursiones de los grupos<br />

posdesmovilización en el país.<br />

21

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