Resolución Defensorial N° 58 - Defensoría del Pueblo

de los derechos económicos, sociales, y culturales (DESC), el acceso a la
justicia, la reparación, como evitar la repetición de estas vulneraciones a
los derechos humanos y al derecho internacional humanitario.
CONSIDERANDO:
Primero. LA COMPETENCIA DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO.
1. Es competencia de la Defensoría del Pueblo velar por el ejercicio y vigencia
de los derechos humanos, de conformidad con el artículo 282 de la Constitución
Política.
2. Le corresponde al Defensor del Pueblo hacer las recomendaciones y
observaciones a las autoridades y a los particulares en caso de amenaza o
violación a los derechos humanos, de acuerdo con el artículo 9, ordinal tercero,
de la Ley 24 de 1992.
3. Es prerrogativa del Defensor del Pueblo apremiar a la comunidad en
general y a las organizaciones privadas para que se abstengan de desconocer los
derechos, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9, ordinal quinto, de la Ley
24 de 1992.
4. Le compete al Defensor del Pueblo rendir informes periódicos sobre el
resultado de sus investigaciones y denunciar públicamente el desconocimiento de
los derechos humanos, según lo prescrito en el artículo 9, ordinal vigésimo
segundo, de la Ley 24 de 1992.
Segundo. LA ACCIÓN DEFENSORIAL.
1. La intervención y el acompañamiento de la Defensoría de Pueblo ha sido
permanente, con el propósito de garantizar la efectividad de los derechos
fundamentales de los pueblos indígenas (embera katío y zenú) y comunidades
campesinas, a través de misiones humanitarias, reuniones interinstitucionales,
requerimientos a las autoridades, informes de riesgo y notas de seguimiento,
resoluciones defensoriales y comunicados de prensa, entre otras acciones de
carácter preventivo y de protección.
2. Tanto en la Resolución Defensorial no. 038, referente al estado social y
ambiental de la cuenca media y baja del río Sinú, como en los informes de
seguimiento, se pudo establecer que, además de la construcción y operación de
la central eléctrica, en el departamento históricamente se vienen presentando
acciones que atentan contra la estabilidad y conservación de los ecosistemas y el
uso y acceso a la tierra, que afectan de forma directa a los habitantes menos
favorecidos del departamento.
3. La Defensoría del Pueblo, a través de su Sistema de Alertas Tempranas (SAT),
ha emitido un sinnúmero de informes de riesgo y notas de seguimiento desde
2001 que advierten acerca de los riesgos a los que está expuesta la población
civil como consecuencia de las acciones violentas de los grupos armados ilegales
que operaron y operan en Córdoba hasta la fecha, y ha recomendado a las
autoridades del nivel local y nacional para que se tomen las medidas preventivas
y de protección, de acuerdo con las competencias institucionales. Durante 2009 y
en lo que va de 2010, se expidieron los siguientes documentos de advertencia:
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