Resolución Defensorial N° 58 - Defensoría del Pueblo

autoabastecimiento, y de formas de ordenamiento y desarrollo aplicadas a sus
procesos culturales.
El territorio indígena, además de espacio físico de convivencia, comprende una
diversa gama de conocimientos, prácticas, procesos y dinámicas, aceptadas
dentro de las mismas comunidades, que lo distinguen de la concepción de tierra
vista como elemento material susceptible de toda clase de explotación, bien con
fines económicos o de subsistencia, en la cual se conjugan relaciones de carácter
social, cultural y jurídico, propias de la sociedad occidental. Internacionalmente
se han incorporado estos principios en varios instrumentos, pero principalmente
en el Convenio 169 de la OIT
La Constitución Política reconoce en el artículo 7 la diversidad étnica y cultural de
la nación colombiana, principio del cual se desarrollan otros derechos
fundamentales de naturaleza colectiva, uno de los más importantes de los cuales
es el derecho al territorio, consagrado en el artículo 63 de la Carta política. Varios
artículos de la Constitución le dan cuerpo al contenido del derecho territorial de
los pueblos indígenas.
En igual sentido, la jurisprudencia de la Corte Constitucional de Colombia, en
materia de territorio y su intrínseca relación con el medio ambiente, ha
establecido reglas de interpretación importantes para consolidar el alcance del
mismo, así como su goce pleno.
En cuanto respecta al derecho a la identidad étnica y cultural, definida como el
conjunto de elementos propios como la lengua, sus instituciones , sus tradiciones,
usos, costumbres y espiritualidad, la cosmogonía colectiva y el conocimiento
tradicional tangible e intangible, o el derecho que tienen los miembros de los
grupos étnicos para reafirmar y reproducir sus instituciones y formas propias de
organización, valores y prácticas específicas de su cultura y a ejercer el control
sobre el cambio cultural, se encuentra catalogado tanto en la legislación
colombiana como en la jurisprudencia, como un derecho fundamental, que
amerita su protección por parte del Gobierno nacional.
Este derecho, que guarda una estrecha relación con el derecho al territorio, a
pesar de considerarse como fundamental para estas comunidades, se ha venido
alterando por la injerencia permanente de personas ajenas a las comunidades, lo
que facilita la aculturación de sus miembros, bien por efectos del desplazamiento
a que son sometidos, por la incorporación de algunos de sus miembros a los
grupos armados ilegales o por el enganche en las empresas explotadoras de
recursos naturales presentes en la región.
En Córdoba, la violación de este derecho es evidente, pues ha sido recurrente la
puesta en práctica de las diferentes modalidades empleadas para despojar de la
tierra a los campesinos, indígenas y pescadores y baja o nula la respuesta del
Estado para proteger a estas comunidades.
Derecho a gozar de un ambiente sano y del equilibrio ecológico.
Retomando el análisis hecho en algunos documentos elaborados por la Defensoría
del Pueblo 45 , sabemos que la Constitución Política reconoce que la protección al
medio ambiente involucra aspectos referentes al manejo, uso, aprovechamiento y
conservación de los recursos naturales, el equilibrio de los ecosistemas, la
protección de la diversidad biológica y cultural, el desarrollo sostenible, la
salubridad y la calidad de vida del hombre, y que además fija los presupuestos a
45 Defensoría del Pueblo. Amicus curiae las fumigaciones y los derechos humanos, 2002.
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