Resolución Defensorial N° 58 - Defensoría del Pueblo

El corregimiento de El Anclaje, situado en el alto San Jorge, del municipio de
Montelíbano, se caracteriza por ser el asentamiento de la comunidad indígena
zenú y es considerado como un territorio ancestral que, igualmente, ha sido
violado por la fuerza pública y los grupos ilegales presentes en la región, lo que
genera desplazamientos tanto formales como informales; allí hacen presencia
3.150 familias y 13.170 personas indígenas que se sienten afectadas por los
megaproyectos como Cerromatoso, que no han tenido el asentimiento de las
comunidades, pues fue violado el derecho a la consulta previa de que trata el
Convenio 169 de la IOT. Por ello, la comunidad siempre se ha opuesto a su
desarrollo.
Es del caso resaltar que las compras y adjudicaciones de tierras mediante
subsidio se han hecho en común y proindiviso, lo cual dificulta la debida
explotación, ya que el Incoder no permite la división material, como ha ocurrido
con el predio El Cairo, de 127 hectáreas. Las tierras abandonadas por muchos
campesinos no se hallan protegidas por la Ley 387 de 1997, ni su Decreto
Reglamentario 2007 de 2001, ya que no cuentan con títulos y no se recibe la
solicitud de protección de los mismos.
De igual manera, se llevó a cabo una reunión con 59 familias desplazadas de la
vereda La Bonita, del municipio de Tierralta, que se encuentran albergadas en el
casco urbano, con quienes, luego de la presentación de los miembros de la
Comisión Humanitaria, se realizó un diálogo para conocer las razones del
desplazamiento y las condiciones logísticas y humanitarias de alojamiento.
Indicaron que ante la presencia y combates permanentes de la guerrilla con los
grupos emergentes, y de estos entre sí, se vieron obligados en abandonar sus
tierras y ganados para refugiarse en el casco urbano del municipio donde, a pesar
de recibir de las autoridades algún apoyo, éste resulta insuficiente, pues las
condiciones de higiene y hacinamiento ponen en peligro la salud de la población
infantil allí congregada.
Manifestaron su disposición de retornar a sus tierras, para lo cual están
programando una comisión de verificación de la situación de seguridad en la
zona, que les permita regresar cuanto antes, ya que dejaron ganados y cultivos
abandonados que requieren de cuidados permanentes. De igual manera, dijeron
que han recibido de las autoridades ofrecimientos de servicios públicos de salud,
vivienda, educación y acueducto, lo mismo que asistencia técnica para cultivos y
ganados, titulación de tierras (pues son ocupantes de terrenos baldíos de la
nación) así como mejoramiento de las vías de comunicación.
El predio Usaquén, localizado en la vereda Vijagual del municipio de Montería,
con área de 264 hectáreas y 5.398 metros cuadrados, fue adquirido por el Incora
en el año de 1999 para el asentamiento de 35 familias desplazadas, pero por
extrañas circunstancias no ha sido entregado a quienes inicialmente fueron
seleccionados por dicho instituto, y está ocupado por desmovilizados quienes, al
parecer, lo invadieron desde el año 2000, sin que hasta la fecha se haya
ejecutado la orden de desalojo proferida por la Alcaldía de Montería y el fallo del
Juzgado 37 Administrativo de Bogotá. En protesta ante el Incoder, fueron
reubicadas 16 familias en Valle Encantado y Nuevo Horizonte. Hoy en día, el
predio hace parte de los bienes que conforman el Fondo Nacional Agrario,
administrado por el Incoder.
Los beneficiarios del predio Usaquén llevan más de 10 años gestionando ante
distintas instituciones la legalización de sus respectivos predios y su adjudicación
definitiva. Actualmente deben un impuesto predial acumulado de
aproximadamente siete millones de pesos, además del 30% adeudado por la
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