Resolución Defensorial N° 58 - Defensoría del Pueblo

partir de los cuales deben regularse las relaciones de la comunidad con la
naturaleza 46 .
La defensa del medio ambiente constituye un objetivo dentro de la actual
estructura de nuestro Estado social de derecho, por cuanto hace parte del
entorno vital del hombre, indispensable para asegurar la calidad de vida de las
generaciones presentes y futuras 47 . La importancia de la protección y la
conservación del medio ambiente ha sido reconocida en numerosos instrumentos
internacionales firmados por Colombia.
En desarrollo de lo anterior, se ha formulado la política nacional ambiental en la
cual se establecen varios componentes, como son el preventivo, el restaurador, el
sancionatorio y el promocional, reglados, principalmente, mediante la Ley 99 de
1993 y sus normas reglamentarias. La misma Ley 99 define diversas formas de
ejercer el deber de prevención y control del deterioro ambiental, lo que es una
consecuencia necesaria de los compromisos internacionales asumidos por el
Estado colombiano, pero que las autoridades responsables han omitido,
simplemente no las han tenido en cuenta o han dilatado su cumplimiento.
A juicio de la Defensoría, estas circunstancias se convierten en una violación del
deber constitucional de protección y conservación del ambiente y amenazan el
derecho de todos a gozar de un ambiente sano.
La práctica de desecar humedales para ampliar las zonas agrícolas y pecuarias, la
construcción de la hidroeléctrica de Urrá, la explotación minera legal e ilegal, la
extracción de madera, la sobrexplotación de los recursos naturales, algunas
veces por parte de campesinos que quedaron sin opción, y la contaminación
ocasionada por el desarrollo de los proyectos ponen en riesgo la estabilidad y
equilibrio de los ecosistemas y la pervivencia de las especies animales y
vegetales.
Prevención y atención de desastres previsibles técnicamente
En toda acción siempre subyace un riesgo, algunas veces evitable, casi siempre
predecible. Desde que existe el ser humano, la mayor parte de los eventos
naturales o de carácter antrópico que pueden causar daño a los grupos
poblacionales son predecibles a diferentes escalas de tiempo, más aún cuando se
han desarrollado mecanismos tecnológicos para hacerlo. Sin embargo, a escala
planetaria son cada vez mayores los efectos devastadores de las catástrofes
naturales sobre la población, los ecosistemas y la infraestructura desarrollada.
El riesgo, la vulnerabilidad, los fenómenos asociados y los escenarios
amenazantes son en general probabilidades de ocurrencia de un fenómeno
natural o tecnológico potencialmente peligroso. Estos fenómenos, principalmente
los de orden natural, si bien se puede predecir su ocurrencia, no se pueden
evitar. Sin embargo, es posible desarrollar los mecanismos necesarios para
minimizar los impactos que genera la ocurrencia del fenómeno y tomar las
medidas preventivas para proteger la población y sus bienes. La pobreza
aumenta el riesgo.
Las personas y comunidades afectadas por desastres tienen derecho a que el
Estado les otorgue la protección que requieren mientras recuperan las
condiciones que les permitan satisfacer, por sus propios medios, las necesidades
esenciales, a conocer la información disponible sobre los fenómenos que
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Arts. 8o., 49, 58, 63, 67, 79, 80, 81, 95-8, 215, 226, 268-7, 277-4, 282, 289, 300-2, 310, 313-9, 317, 330,
331, 333, 334, 339, 340 y 366 de la CP.
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Corte Constitucional, Sentencia C-431/00.
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