Resolución Defensorial N° 58 - Defensoría del Pueblo

velar por la conservación de un ambiente sano (Artículo 95) y consagra, como
principios fundamentales de las actuaciones administrativas, la igualdad, la
moralidad, la eficacia, la celeridad y la imparcialidad, entre otros; al tiempo que
establece la obligación de las autoridades administrativas de coordinar sus
actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines estatales (Artículo 209).
La Constitución Política establece que el bienestar general y el mejoramiento de
la calidad de vida de la población son finalidades sociales del Estado. Será
objetivo fundamental de su actividad la solución de las necesidades insatisfechas
de salud, de educación, de saneamiento ambiental y de agua potable; para tales
efectos, en los planes y presupuestos de la Nación y de las entidades territoriales,
el gasto público social tendrá prioridades sobre cualquier otra asignación (Artículo
366).
Además, es necesario recalcar los principios señalados en el Preámbulo y en el
Título I de la Constitución, como también los derechos, las garantías y los
deberes en el Título II.
Normas en el tema de tierras
Ley 200 de 1936. La inexistencia de reglas claras para definir la propiedad
privada y la estatal, la reclamación de los colonos sobre tierras baldías, la falta de
definición de linderos en tierras de propiedad privada y del Estado, la falta de
explotación de tierras de propiedad privada, la carencia de jueces naturales para
definir los conflictos agrarios y de reglas para la explotación de las tierras de
propiedad privada mediante contratos de aparcería, fueron los aspectos
relevantes que motivaron la expedición de la conocida “ Ley de Tierras” que, a
pesar de las distintas reformas legales agrarias, ha mantenido vigentes algunas
de sus disposiciones.
Dicha ley permitió la legalización de tierras tanto a los grandes propietarios como
a los pequeños colonos, al establecer las reglas para demostrar la propiedad
privada; impuso la obligación de explotar las tierras de manera eficiente, so pena
de declarar la extinción del dominio en favor del Estado, por su inexplotación;
estableció la prescripción adquisitiva agraria en favor de los cultivadores por la
explotación quieta, pacífica e ininterrumpida de cinco años sobre presuntos
baldíos nacionales; creó jueces de tierras para dirimir los conflictos de naturaleza
agraria y definió, a través de su Decreto Reglamentario 059 de 1938, las
condiciones en que se debía demostrar la explotación económica sobre fundos
rurales, entre otros aspectos.
Ley 135 de 1961. Dio inicio a la Reforma Social Agraria de manera oficial en
Colombia, con unos objetivos bien definidos, tales como: reformar la estructura
social agraria a través de la eliminación de los latifundios y minifundios;
reestructurar las zonas de minifundios para tornarlos productivos; fomentar la
adecuada explotación de las tierras productivas; acrecentar la producción
agropecuaria en armonía con otros sectores de la economía nacional; garantizar
la conservación y adecuada explotación de los recursos naturales; elevar el nivel
de vida de los trabajadores rurales y apoyar las organizaciones campesinas. Para
todo ello, creó el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, como institución
encargada de ejecutar los programas de esta índole. La ley 135 de 1961 se ha
considerado, desde entonces, como la mejor ley de reforma agraria y durante su
vigencia se obtuvieron los mejores resultados en la materia. Fue derogada por la
Ley 160 de 1994
Ley 160 de 1994. Creó el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural
Campesino; introdujo cambios estructurales en los programas agrarios;
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