Resolución Defensorial N° 58 - Defensoría del Pueblo

agrarios de deuda pública, fue el subsidio entregado por el Incora, para un total
de $16.396.396 a cada una de las 110 familias. Los beneficiarios argumentan que
el valor pagado por hectárea fue muy alto en relación con el costo real para la
época. De los 110 beneficiarios, se ubicaron finalmente 75 familias bajo la
modalidad de escritura colectiva y proindiviso. Posteriormente, el INCODER
reubicó a otras 11 familias que habían sido preseleccionadas como beneficiarias
del predio Usaquén.
La acción de la Defensoría pretende la titulación individual, pero ha sido lenta la
respuesta de las entidades competentes. El predio está aún a nombre del
vendedor y actualmente tiene una deuda de $130 millones en impuestos. Se
solicitó adelantar censo para determinar la posesión real y actualizada e,
igualmente, la posibilidad de condonar la deuda de impuestos.
De acuerdo con el trabajo realizado por la Defensoría del Pueblo, actualmente en
estos predios se presentan las siguientes condiciones:
Presiones de particulares con intereses en la zona.
Ocupantes ilegales no denunciados.
Conflictos internos.
Presencia de grupos armados ilegales y ‘postes’ (informantes).
Cinco de los líderes son mujeres, dos con medidas de protección (Nohora Villegas
y María Zabala). Por la situación observada, la Defensoría suspendió
temporalmente las reuniones con la comunidad y las acciones que venía
adelantando, para evitar mayores riesgos a la población.
La comunidad, a pesar de estar dentro del Proceso de Justicia y Paz, dice no
haber visto avances significativos en la vía de restitución de sus derechos a la
verdad, la justicia y la reparación integral.
Vereda Alto Colón. Dicen ocupar tierras situadas en el parque nacional natural del
Paramillo y que por esta circunstancia no pueden acceder a los programas de
titulación de baldíos ni sembrar cultivos de tardío rendimiento, y que esta zona se
encuentra sembrada de minas antipersona, sin que se sepa la ubicación para
proceder al desminado. Con la construcción de la represa de Urrá, el transporte
se encareció y no pueden sacar las cosechas.
Se hicieron igualmente denuncias sobre la situación presentada en los siguientes
corregimientos y veredas: Predio Montecarlo, ubicado en la serranía de Abibe,
vereda El Brillante, en 1995 fueron asesinados tres sobrinos del propietario del
predio, quien recibió una oferta y se vio obligado a vender; por denunciar el
hecho, fue asesinada otra persona. Por ello, 25 familias se desplazaron a San
Pedro de Urabá. Se dice que fueron los Castaño quienes hicieron esto. Región del
Manso. El 17 de junio de 1998 se desplazaron 2.800 personas, muchas de ellas
tenían documento de compraventa y habían llegado antes de la conformación del
parque Paramillo. Actualmente han retornado muchos de ellos y llegaron otros
más desplazados por la guerrilla y la ‘Casa Castaño’; hay coca y guerrilla y eso
genera alto riesgo. Corregimiento de La Florida (PNN Paramillo). En 1998 hubo
una masacre de ocho personas y por ello salieron 217 familias que no retornaron.
Se plantea que los predios abandonados están en posesión de la guerrilla, que los
tiene sembrados con coca que vende a los ‘Rastrojos’, los ‘Paisas’, las ‘Águilas
Negras’ y los ‘Urabeños’. Nadie ha sido indemnizado y se trataba de poseedores
de más de 20 años. Simón, Palestina y La Gloria (PNN Paramillo). 64 familias
fueron desplazadas por las FARC en el 2001. No hubo retorno. Eran poseedoras
desde tiempo atrás. En estos predios hay coca sembrada en la actualidad y al
parecer es propiedad de las FARC. Corregimiento Calleja, vereda Guajirita. Finca
39