Resolución Defensorial N° 58 - Defensoría del Pueblo

comprende la Ciénaga Grande de Lorica, parte de la Ciénaga de Chimá y la mitad
del área de la Ciénaga de Oro.
En la parte alta de la cuenca del río Sinú, principalmente el parque nacional
natural (PNN) Paramillo, se han asentado grupos de colonizadores provenientes
de Antioquia y de la Costa Atlántica, agrupados en caseríos o esparcidos por las
quebradas. En la parte alta, un sector de la población campesina se dedica a la
explotación aurífera, como complemento de la agricultura, el jornaleo y la pesca.
Los pescadores y campesinos del departamento se ubican a lo largo de todos los
cuerpos de agua, ríos y ciénagas, y de la zona litoral. La pesca y la siembra de
cultivos de pancoger son vitales para la subsistencia de estas comunidades, que
tienen dificultades para acceder a la tierra; por lo tanto, sus condiciones
socioeconómicas presentan muchas deficiencias: habitan en tradicionales casas
de bahareque y palma, no poseen títulos de propiedad sobre la tierra y no tienen
acceso a eficientes servicios de salud y educación. Además, las oportunidades de
empleo en la región son escasas 4 .
La concentración de la tierra en pocas manos y su dedicación a la ganadería
extensiva han sido causa de conflicto y pobreza para miles de campesinos e
indígenas del departamento, ya que esta clase de explotación emplea poca mano
de obra, no paga el salario mínimo legal ni reconoce prestaciones sociales,
declara avalúos catastrales ínfimos y, como consecuencia de ello, paga impuestos
mínimos y ocupa suelos aptos para agricultura. Lo anterior ha llevado a un
conflicto social y armado, al incremento de las calamidades naturales, a crisis
periódicas del sector agropecuario, al abandono del campo y al sometimiento
histórico de la población rural.
B. Proceso de territorialización y efectos en el departamento.
La concentración de la tierra se propició por las concesiones de tierras conocidas
como ‘mercedes’, que no eran otra cosa que el pago que hacía la corona española
a los grandes generales por los servicios prestados durante la época de la Colonia
en nuestro territorio. De allí nacieron propiedades como la de Uré, localizada
entre la quebrada de Can, el río San Jorge y la quebrada de San Pedro, que tenía
aproximadamente 213.000 hectáreas, donde tuvo lugar la explotación de minas
de oro y cobre, con el fin de invertir las ganancias en la formación de nuevas
haciendas, con la utilización de la mano de obra de indígenas y esclavos traídos
del África. Esta práctica contó con la anuencia de la iglesia católica, que impuso
contribuciones económicas a los propietarios, que debían pagar a perpetuidad
grandes sumas de dinero por los servicios religiosos, lo que, a la postre, implicó
que la Iglesia se convirtiera en latifundista ante el no pago de las mismas, con la
consecuente intervención del Estado para expropiar las tierras ociosas de la
Iglesia e incorporarlas a la economía nacional, al considerarlas como capitales de
‘manos muertas’.
Históricamente, las intervenciones llevadas a cabo en el departamento se
incrementaron a partir de la segunda década del siglo XX con la creación de la
Colonia Penal en el Alto Sinú y el auge de las actividades extractivas (cedro y
caoba) por empresas de capital extranjero en el periodo 1930 - 1950. Luego
“aparecieron los grupos armados, que hacia los años sesenta hacen un
reordenamiento agrario, seguido luego de las políticas de desecación de
humedales propiciadas desde la Presidencia de Lleras (nacen los distritos de riego
4 Defensoría del Pueblo. Resolución Defensorial no. 038 de 2004.
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