Resolución Defensorial N° 58 - Defensoría del Pueblo

El Tesoro. En menos de 10 horas, sus propietarios se vieron obligados a “vender”
(regalar). Igual sucedió con dos fincas más. Estos predios han sido entregados
para reparación y ellos no habían solicitado protección de bienes. Murmullo Medio
(Corregimiento Batata). La gente ha sido desplazada dos veces y no pudo
regresar, se encuentran en Tierralta. Las tierras están abandonadas. Región de
Saiza (PNN Paramillo). Los campesinos desplazados han retornado, pero están en
riesgo. Río Verde. Hay cuatro comunidades desplazadas de Paramillo. Las tierras
quedaron ahí. No hay coca pero es un corredor por donde pasa todo. El programa
RESA de Acción Social ha ayudado, pero las fumigaciones acaban con los cultivos.
Se ponen denuncias, pero estas no prosperan porque no hay títulos de tierras.
Tierradentro. Hay coca y han fumigado varias veces. A los beneficiarios de
Familias en Acción les cuesta mucho llegar al casco urbano de Montelíbano. 32
familias recibieron dos predios en el 2006, pero aún no tienen los títulos. Pica
Pica. No hay coca. Es un corredor de todos los actores y hay disputa por él. Los
pobladores se encuentran amenazados. El Palmar, Alto San Jorge. Las tierras
abandonadas no son ocupadas. La gente sale por miedo a la situación que
generan los diferentes actores en la región.
Las comunidades asentadas aguas arriba de la represa de Urrá y Crucito están
afectadas por los controles a la movilidad de los insumos que realiza la Fuerza de
Tarea Conjunta Nudo de Paramillo.
Informaron, de igual manera, que en el año de 2002 el Incora compró a José
María Liscano Rodríguez el predio Santa Helena, localizado en el corregimiento de
La Rica, jurisdicción del municipio de Puerto Libertador, donde asentaron a 100
familias campesinas, que al poco tiempo vendieron al señor Ramón, ex alcalde
del mismo municipio, sin dar mayores detalles sobre la forma como se llevaron a
cabo las negociaciones.
De otra parte, en lo que respecta al predio El Quindío, localizado en el municipio
de Montería, con área de 510 ha, que fue adquirido por 61 familias con subsidio
del 70% otorgado por el Incora en el año de 1998, según se deduce de la
Escritura Pública No 392 del 26 de marzo de la Notaría Tercera de Montería, ha
tenido varios inconvenientes, entre los cuales se resaltan los siguientes:
1. Falta en el predio la presencia de la totalidad de los beneficiarios del subsidio;
sólo hubo inicialmente 46 familias y las restantes 15 nunca ejercieron actos de
señor y dueño.
2. Ocupación indebida (invasión) por parte de terceras personas, al parecer
auspiciada por grupos paramilitares, sobre un área de 61 hectáreas que la
comunidad había dejado como reserva forestal, aduciendo los invasores que
reclamaban el área correspondiente a los 15 cupos vacantes.
3. Asesinato del líder Jhon Jairo Martínez, hace cuatro meses, sin que la familia
haya recibido ayuda alguna por parte del Gobierno.
4. Indivisión de la propiedad, lo cual ha dificultado la obtención de recursos
financieros para el desarrollo de proyectos productivos por parte de las familias
allí presentes. Manifestaron los voceros de la comunidad que habían solicitado al
Incoder ayuda para parcelar técnicamente el predio, pero no obtuvieron
respuesta y, por ello, decidieron parcelarlo de hecho entre los presentes (46
familias), dejando libres las 61 hectáreas que fueron objeto de invasión. El
Incoder, a su vez, solicito el amparo posesorio y obtuvo el desalojo de los
ocupantes, dejando bajo la custodia de un tercero la parte del predio objeto de
ocupación.
5. Cobro jurídico por parte de la Central de Inversiones SA (CISA) sobre el 30%
del valor de la compra del inmueble, que fue financiado por la Caja de Crédito
Agrario Industrial y Minero.
6. Cobro por parte del municipio de Montería del impuesto generado por la
plusvalía derivada de la valorización del inmueble.
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