Resolución Defensorial N° 58 - Defensoría del Pueblo

- Defina la titulación del predio Usaquén, localizado en el municipio de Montería,
adquirido para la reubicación de población desplazada por causa de la violencia y
que se encuentra en manos de invasores.
- Haga un inventario de tierras abandonadas en el departamento.
- En conjunto con la Dirección Nacional de Estupefacientes, dé a conocer una
relación que contenga las áreas de las tierras incautadas a los grupos armados
ilegales y sectores del narcotráfico en el departamento y su condición legal
actual.
Segundo. REITERAR al Incoder que determine el plazo y haga el deslinde y
amojonamiento de todas las ciénagas del medio y bajo Sinú.
Tercero. INSTAR al Ministerio del Interior y de Justicia a que, en coordinación
con la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional,
ponga en ejecución de manera inmediata el programa de protección de líderes
campesinos, a efectos de garantizar su seguridad y atención socioeconómica,
que comprenda la reubicación y el desarrollo de proyectos productivos
sostenibles.
Cuarto. APREMIAR a la administración departamental para que lidere la Mesa
Regional de Tierras, con el fin de avanzar en el restablecimiento de derechos y la
reparación integral de las víctimas de la violencia, y ayudar a orientar o
reorientar la acción gubernamental en torno al tema de la protección de los
bienes patrimoniales de la población desplazada, en especial la tierra.
Quinto. SOLICITAR a la administración departamental, a las administraciones
municipales, a la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios, a
la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional y al
INCODER, que cumplan con el mandato de la Corte Constitucional en su Auto 218
de 2006, respecto de la protección de las tierras y el patrimonio de las personas
que se encuentran en situación de desplazamiento.
Sexto. APREMIAR a la Unidad Territorial de la Agencia Presidencial para la
Acción Social a que continúe con las labores de coordinación con las alcaldías y la
Gobernación de Córdoba en la formulación y ejecución de un plan de
contingencia, con enfoque diferencial, que permita atender afectivamente las
necesidades humanitarias de la población que ha sido desplazada o está en riesgo
de serlo. Así mismo, a que adelante las acciones que sean necesarias para
garantizar la restitución de sus derechos como víctimas de la violencia y que les
permita retornar a sus tierras en condiciones de seguridad.
Séptimo. EXHORTAR al Ministerio del Interior y de Justicia, en coordinación con
las demás autoridades del orden nacional, regional y local, a que hagan
seguimiento al cumplimiento del Convenio 169 de la OIT- Ley 21 de 1991,
artículo 14 –reconocimiento del derecho de propiedad y posesión sobre las tierras
que tradicionalmente ocupan– ; al artículo 16 –en caso de no retorno, la
reubicación debe hacerse en tierras cuya calidad y estatuto jurídico sean por lo
menos iguales a las que abandonaron– ; y al artículo 17 –respetar las
modalidades de transmisión de derechos sobre la tierra–.
Octavo. SOLICITAR al Ministerio del Interior y de Justicia, que propicie o
fortalezca los espacios para impulsar el respeto de las características de
propiedad colectiva inalienable y la autonomía de la comunidad para desarrollar
cultura, economía y planes de vida de acuerdo con su cosmovisión, como
aplicación del Convenio 169 de la OIT, “Ley 21 de 19991”.
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