Resolución Defensorial N° 58 - Defensoría del Pueblo

de desplazados por razones del conflicto armado, 38 sin que este intervenga en su
defensa dentro de los procesos de pertenencia, por temor o amenaza. El segundo
caso, favorable al campesino, se podría dar cuando, teniendo la condición de
poseedor de un bien inmueble rural, en los términos de la ley, pueda consolidar
la propiedad sin tener que esperar 10 años, tratándose de prescripción ordinaria,
o de 20 años para los casos de prescripción extraordinaria 39 .
Otra es la Ley 1182 de 2008, que establece el procedimiento abreviado para el
saneamiento de la titularidad sobre predios rurales cuya extensión no supere las
10 hectáreas pero que, por la situación de riesgo registrada en el departamento,
no ha sido de fácil aplicación 40 . Cumpliendo los requisitos formales, quien tenga el
título enmarcado en la llamada falsa tradición, podrá acudir a través de abogado
ante el Juez Civil o Promiscuo municipal en procura de obtener el saneamiento
del título precario.
Por otra parte, el Gobierno nacional está proyectando viabilizar la reubicación de
familias desplazadas, acudiendo a la sustracción de áreas que tengan vocación
agropecuaria, o silvopastoril en las zonas de reserva forestal establecidas
mediante la Ley 2ª de 1959, lo que en principio tendría dos efectos negativos de
grandes proporciones. Primero, la afectación del patrimonio ambiental y ecológico
de todos los colombianos, ya en riesgo en varias regiones y, segundo, la
legitimación de las acciones de despojo de la tierra de las últimas décadas. Si
bien los planteamientos del Gobierno pretenden dar solución al problema del
despojo de tierras al que han sido sometidas muchas familias en el país, es
necesario que el debate sea de fondo, de manera transparente y que en él
participen todos los sectores de la sociedad.
El nuevo Gobierno, posesionado en el mes de agosto anterior, ha anunciado una
política de tierras integral, donde la restitución de tierras a los desplazados es
una parte de esa política. Se radicó ante el Congreso un proyecto que pretende
facilitar el pago de la deuda que el país tiene con los desplazados, lo cual ha sido
muy lento: en ocho años se han devuelto sólo 60.000 ha y las cifras hablan de
más de dos millones de hectáreas, en promedio, que se deberían restituir.
Tanto este proyecto de ley como las demás iniciativas que el Gobierno ha
anunciado en el tema de tierras, por ejemplo el interés de declarar zonas de
reserva campesina, dan clara muestra del interés que se tiene para afrontar el
problema y darle solución concreta.
Derechos amenazados y vulnerados
En el departamento de Córdoba persisten causas estructurales que amenazan o
vulneran los derechos de los grupos poblacionales más vulnerables, como son los
bajos estímulos a la producción agrícola, la carencia de tierras productivas y
créditos agropecuarios y la lentitud en la titulación de predios, todo lo cual facilita
38 Se corre el riesgo de que el campesino, por temor o por desconocimiento de la norma, no concurra ante la
autoridad competente para solicitar la medida de protección de bienes abandonados para que, de conformidad
con lo previsto en el Decreto 2007 de 2001, se proteja el bien contra cualquier pretensión de transferencia de
dominio, en especial, a través de los procesos de pertenencia adelantados por quienes ejercen violencia o de
quienes se valen de ella para erigirse como nuevos propietarios; o bien porque, por las mismas razones, no
concurre a estos juicios a hacer valer sus derechos.
39 No debe olvidarse que la derogada Ley 1152 de 2007, Estatuto de Desarrollo Rural, contemplaba la
posibilidad de solicitar la nulidad en los procesos de pertenencia ya definidos, cuando afectaban predios
abandonados por quienes tenían la condición de desplazados por causa de la violencia.
40 Esta norma habla de tener la condición de propiedad privada, en cuyos folios de matrícula inmobiliaria se halle
vigente la inscripción de falsa tradición, sin que la precaria tradición no sea producto de violencia, usurpación,
desplazamiento forzado, engaño o testaferrato y no esté destinado a cultivos ilícitos o haya sido realizada como
resultado de dichas actividades.
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