artículos - LA TOGA

12 de febrero, del régimen de desamparo, tutela y guarda
administrativa, y el Decreto 282/2002, de 12 de noviembre, de
Acogimiento Familiar y Adopción.
Por último merece especial mención las reformas operadas
de un lado por la Ley 13/2005, de 1 de julio, sobre el derecho
a contraer matrimonio y modificación del Código Civil, que
da una nueva redacción al artículos 175, en su apartado cuarto
sobre la adopción, y que la permite al matrimonio entre
personas del mismo sexo, posibilita la adopción de menores
por matrimonios de homosexuales, y de otro la Ley Orgánica
1/2004, de 28 de diciembre, sobre Medidas de Protección Integral
contra la Violencia de Género que establece en el artículo
15 bis de la LECR como criterio general para determinar la
competencia territorial del órgano judicial el del domicilio de
la víctima. La aplicación de este criterio competencial supone
en la práctica la alteración de los criterios de competencia territorial
de la LEC, dado que el fuero establecido en el artículo
779 de la LEC en los procedimientos de oposición a las resoluciones
administrativas en materia de protección de menores y
en el procedimiento para determinar la necesidad del asentimiento
es el del domicilio de la entidad protectora.
I. Oposición de los padres biológicos a la declaración de
desamparo.
Los procedimientos de oposición al desamparo tienen por
objeto dilucidar si a los menores en cuestión, se encuentran en
la situación legal de desamparo que justifique la intervención
de la Administración conforme establece el artículo 172.1 del
Código civil, teniendo en cuenta que conforme al párrafo
segundo de dicho precepto, ha de entenderse que esta se produce
de hecho a causa del incumplimiento, o del imposible o
inadecuado ejercicio de los deberes de protección establecidos
por las leyes para la guarda de los menores, cuando los mismos
queden privados de la necesaria asistencia moral o material,
teniendo presente que el interés de los menores constituye el
interés preferente y prioritario frente a cualquier otro (artículo
39.4 de la Constitución y artículo 2 de la Ley Orgánica 1/96, de
15 de enero, de Protección Jurídica del Menor.
A. Procedimiento
La Disposición Adicional Primera de la Ley Orgánica
1/1.996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor dispuso
la aplicación de las normas de la Jurisdicción Voluntaria
entre otras materias respecto de las actuaciones que se sigan
contra las resoluciones que declaren el desamparo y la asunción
de la tutela por ministerio de la ley y la idoneidad de los solicitantes
de adopción. En relación con este cause procedimental
para resolver este tipo de controversias se llegó a plantear la
inadecuación del mismo por vulneración del derecho a la tutela
judicial efectiva, no obstante lo cual, el Tribunal Constitucional
ha tenido ocasión de pronunciarse sobre dicha cuestión, destacando
la sentencia núm. 298/1.993, de 18 de octubre, estableciendo
en su fundamento jurídico 6 que el artículo 24 C.E. no
impone causes procedimentales determinados, siempre que se
respeten las garantías esenciales para proteger judicialmente los
derechos e intereses legítimos de los justiciables.
La entrada en vigor de la LEC 1/2000 ha supuesto una
importante modificación, siendo de aplicación el trámite previsto
en el artículo 780 de la LEC 1/2000, que a su vez establece
la tramitación con arreglo a lo previsto en el artículo 753, es
decir, el Juicio Verbal.
B. Especialidades
Doctrina
La legitimación activa corresponde a los padres biológicos,
los adoptivos y los tutores, habiéndose llegado a admitir
incluso la de los guardadores de hecho del menor, por cuanto
dicha relación conlleva un entramado de situaciones personales
y expectativas, que legitiman perfectamente al guardador
de hecho para al amparo del derecho constitucional a la tutela
judicial efectiva, ejercitar la acción de nulidad de la resolución
administrativa que declara en desamparo al menor cuya guarda
de hecho ostenta.
La legitimación pasiva a la entidad pública y a los acogedores
preadoptivos, conforme a la sentencia del Tribunal
Constitucional 124/02, de fecha 20 mayo de 2002.
La competencia judicial corresponde a los Jueces de Primera
Instancia y la territorial a los del domicilio de la entidad
protectora (artículo 779 LEC 1/2000).
Es preceptiva la intervención del Ministerio Fiscal (artículo
749 de la LEC 1/2000).
En cuanto a la postulación, resulta preceptivo que las partes
actúen asistidas de Letrado y representadas por Procurador
(artículo 750 de la LEC 1/2000)-
La entidad pública comparece representada y asistido por
medio de letrado, en el caso de corresponder a la Administración
Pública Andaluza esta se hará a través de Letrado de la
Junta de Andalucía.
Se prohibe la renuncia, el allanamiento y la transacción, y
el desistimiento requerirá la conformidad del Ministerio Fiscal
salvo algunas excepciones. (Artículo 751 LEC 1/2000).
Existe flexibilidad en la proposición y práctica de pruebas
y en la valoración de la misma. (Artículo 752 de la LEC
1/2000).
Estos procesos se substanciarán por los trámites del Juicio
Verbal. (Artículo 753 LEC 1/2000).
Cabe la exclusión de la publicidad, acordándose mediante
providencia la celebración de las vistas a puerta cerrada y que
determinadas actuaciones sean reservadas. (Artículo 754 LEC
1/2000).
No será precisa reclamación previa en vía administrativa
para formular oposición, ante los tribunales civiles a las resoluciones
administrativas en materia de protección de menores
(artículo 780.1 LEC 1/2000).
C. Iniciación
El procedimiento se inicia por la presentación de un simple
escrito en el que de manera sucinta expresarán su pretensión y
la resolución a la que se opone.
El tribunal reclamará el expediente administrativo, que
deberá de aportarlo en el plazo de veinte días.
La ley en este supuesto no ha previsto como ocurre en el
expediente administrativo artículo 48.3 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa,
la posibilidad de imponer multas coercitivas a la
Administración que se demora en la remisión del expediente.
El expediente remitido puede ser original o copia, debe
estar completo, foliado, y en su caso, autenticado, acompañándose
de un índice. Viene siendo práctica judicial que se
Mayo - Agosto 2006 La Toga 13