artículos - LA TOGA

N o
cabe duda alguna sobre la importante y
fundamental misión del Abogado dentro del
ordenamiento jurídico español.
Así lo proclama, en efecto, la Constitución
de 1978, en su artículo 24, al consagrar el
derecho de los ciudadanos a la defensa y asistencia
de letrado, lo que reitera la Ley Orgánica
del Poder Judicial. El Estatuto General de
la Abogacía - aprobado por Real Decreto 658/2001, de 22 de
junio- es expresivo al afirmar que la abogacía es “una profesión
libre e independiente que presta un servicio a la sociedad
en interés público”.
Por si ello no fuera suficiente, el citado Real Decreto, en
el artículo 30 afirma como deber del abogado el de participar
en la función pública de la Administración de Justicia y
de cooperar a ella mediante el asesoramiento, conciliación y
defensa jurídica de los intereses que le hayan sido confiados;
sin que, en ello, pueda desviarse “del fin supremo de Justicia
a que la abogacía se halla vinculada”. Debe también actuar
ante los órganos jurisdiccionales con probidad, lealtad, veracidad
y respeto. Paralelamente los abogados tendrán derecho
a intervenir ante los tribunales “sentados dentro del Estrado,
al mismo nivel que el juzgador” y siempre “con igualdad de
trato que el Ministerio Fiscal o la Abogacía del Estado”. De
este precepto deduzco que habrán de recibir, al dirigirse a
ellos, el tratamiento otorgado al Fiscal actuante (Señoría y/o
Señoría Ilustrísima). Al dignificar al Abogado, el Tribunal, se
acrecienta en su propia e innegable dignidad.
Uno de los aspectos más importante de la defensa es la
actuación “de oficio”, gratuita, en la Jurisdicción Penal, así
como la asistencia a detenidos y presos...
Pues bien, para la efectividad en tan noble misión (alcanzar
Justicia de forma plena, rápida y eficaz) el abogado, de oficio
o retribuido, ha de tener a su disposición cuantos medios sean
precisos, actuando por propia iniciativa o invocando el auxilio
judicial, porque no hay actividad más noble que la defensa de
los desvalidos, marginados y sometidos al engranaje judicial...
y bien lo sabe el ciudadano que lo haya padecido, aún a pesar
de una declaración absolutoria “con todos los pronunciamiento
favorables”.
De ahí mi comprensión, como jurista, hacía la petición colectiva
de abogados designados de oficio en el magno proceso
seguido por los trágicos acontecimientos del 11 de marzo de
2004. Letrados que solicitan medios materiales y económicos
para acometer tan elemental derecho a la defensa. El Ministerio
“ius, aequitas, leges, libertas,
pudor, pudicitia maneret in civitate...”
(Cicerón)
Abogados
Manuel Rico Lara
Magistrado Jubilado
Tribuna
Público les aventaja en posibilidades de investigación y aclaración
previas al juicio oral y, para mantener el necesario equilibrio,
a ellos -los citados abogados- se les debe proveer de todo
lo necesario, con independencia de la personalidad, ámbito
cultural, religioso e incluso posible participación en los hechos
a juzgar, por cuanto que -en todo caso- ampara a los hasta ahora
imputados la presunción constitucional de inocencia.
No es, por tanto, solicitud exclusiva de “dinero”, lo que precisan
las defensas y que parece lógico que asuma la Administración,
sino medios precisos y necesarios para conseguir la plenitud
de sus derechos como abogados en un Estado Democrático.
Mayo - Agosto 2006 La Toga 43