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El objetivo de este procedimiento es permitir la continuación
de la actividad, conservar los puestos de trabajo y apurar
el pasivo a través de una reorganización de la empresa en el
marco de un plan adoptado por el Tribunal.
Curiosamente este tipo de procedimiento puede ser iniciado
bien de oficio por el propio Tribunal (a través de un sistema de
alerta proveniente de las informaciones que maneja el Greffier,
encargado del Registro Mercantil) o bien por iniciativa del propio
empresario que experimenta una dificultad económica, jurídica
o financiera.
La ley de Salvaguarda de Empresas contempla dos procedimientos
preventivos a los que se puede acoger una empresa en
dificultad : el mandato ad hoc y el procedimiento de conciliación.
En el primero, el representante legal de la empresa solicita al
Tribunal la designación de un mandatario ad hoc cuya misión
será definida por el propio Tribunal en función de la situación
o del tipo de dificultad qUe experimente la empresa.
En el procedimiento de conciliación el Tribunal designa un
“conciliador” cuya misión será de facilitar la conclusión de un
acuerdo amistoso entre la empresa deudora y sus principales
acreedores (o en su caso sus cocontratantes habituales) con el fin
de poner fin a las dificultades que experimente la empresa.
Una de las consecuencias más significativas de este tipo
de procedimiento es que ningún acreedor podrá demandar
a la empresa para solicitar la apertura de un procedimiento
concursal.
c) Gestionar el Registro de Comercio y de Sociedades
Como se ha indicado, la llevanza y la gestión de lo que
sería nuestro Registro Mercantil está confiada en exclusiva en
Francia a los Tribunales de Comercio a través de sus Greffes,
a los que se encomendó dicha función desde la creación del
Registre du Commerce et des Sociétés con la Ley de 18 de
marzo de 1919.
Es de destacar que dicho Registro, además de la inscripción
y conservación de los actos propios de la vida de las sociedades
mercantiles y civiles y de los empresarios individuales, está encargado
de la inscripción y conservación de los actos de garantías
y privilegios, legales o convencionales, que cualquier operador
pueda concertar con un empresario (Seguridad Social, Hacienda,
operaciones de crédito garantizadas con bienes muebles, etc).
En el plano funcional, el Tribunal de Comercio francés
excede hoy de su misión estrictamente judicial. La institución
aporta una contribución considerable a la transparencia de los
negocios gracias a la fuente considerable de informaciones que
centraliza y que difunde.
3. Composición y funcionamiento
Los Tribunales de Comercio franceses están compuestos:
- en primer lugar, por magistrados no profesionales que
constituyen el llamado “Colegio Jurisdiccional” propiamente
dicho. Las decisiones de los Tribunales de Comercio se adoptan
colegialmente por tres magistrados,
- en segundo lugar, por la Fiscalía o Parquet, garante del
orden público ante el Tribunal de Comercio. El Fiscal (Procureur
de la République) está sobre todo muy presente en los
procedimientos concursales e interviene en los demás procedimientos
cuando así lo desea.
- en tercer lugar, por una estructura administrativa, la
Secretaría Judicial o “Greffe” confiada a los “greffiers” (especie
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Icas
de secretarios judiciales) encargados sobre todo de la secretaría
administrativa de los jueces y la conservación de las actas del
Tribunal (función histórica) y además de la gestión del Registro
de Comercio y de Sociedades, centro oficial de informaciones
comerciales (función más reciente). El “Greffier” es un funcionario
público nombrado por el Ministro de Justicia que
se encuentra bajo la autoridad del Presidente del Tribunal de
Comercio y bajo control de la Fiscalía.
En el caso del Tribunal de Comercio de París, el “Greffe”
está gestionado por una sociedad civil profesional de 4 “greffiers”
asociados que emplean 260 colaboradores.
- en cuarto lugar se encuentran los auxiliares de la justicia
• los “huissiers de justice”, funcionarios judiciales que
en Francia ejercen distintas funciones que en España están
reservadas a diferentes profesionales como los Procuradores,
Secretarios Judiciales o a los Oficiales. Así por ejemplo, los
“huissiers de justice” están encargados de notificar a las partes
las diferentes decisiones judiciales y extrajudiciales.
• los peritos judiciales o “experts”, profesionales cualificados
elegidos por el Tribunal de una lista establecida por la
Cour d’Appel u homologados por la Cour de Cassation.
• los “huissiers audienciers”, que aseguran el servicio de
las vistas del Tribunal.
• los “mandataires de justice”, designados por el Tribunal
en el marco de un procedimiento concursal, procedimiento que
en derecho francés puede ser de “redressement judiciaire” (o
reflotamiento de la empresa) cuando existen posibilidades de salvaguardar
la empresa a través de un plan de cesión total o parcial
de activos; o bien de “liquidation judiciaire”, cuando se constata,
bien desde el principio o bien en el curso de un “redressement
judiciaire” la inviabilidad de la continuación de la empresa.
Dependiendo del tipo de procedimiento, los diferentes “mandataires
de justice” designados por el Tribunal pueden ser :
• “administradores judiciales” cuyas funciones son las de
vigilar, asistir o representar al empresario objeto de un procedimiento
de “redressement”;
• “liquidador judicial” en caso de liquidación judicial de
la empresa;
• representantes de los acreedores.
La competencia de los mandatarios judiciales es nacional y
en la actualidad son 140 en toda Francia.
Lo más sorprendente y significativo de los Tribunales de
Comercio en Francia es que sus jueces no son magistrados profesionales
sino empresarios provenientes de los más diversos
sectores económicos que son elegidos según un sistema que
más adelante describimos y que ejercen su función de forma
totalmente gratuita.
Con objeto de preservar los principios de imparcialidad e
independencia de los jueces, la ley les prohíbe intervenir en
un asunto relativo a una empresa con la cual mantenga o haya
mantenido relaciones.
Por otra parte, las decisiones de los Tribunales de Comercio
que excedan de 3.800 € son apelables ante las Cour d’Appel
(lo que serían nuestras Audiencias Provinciales). En cualquier
caso, cualquiera que sea la cuantía del litigio, el justiciable puede
recurrir a la Cour de Cassation (nuestro Tribunal Supremo)
en caso de violación de normas de Derecho.
Sin embargo, el sistema parece ser bastante efectivo y respetado
cuando, al menos en los que respecta al Tribunal de
Comercio de París, sólo el 8 % de las decisiones en primera