artículos - LA TOGA

R
Responsabilidad patrimonial del
Servicio Andaluz de Salud
Contagio de Hepatitis C por
transfusión sanguínea
Arancha Ferrín Paramio
Abogada. Profesora Asociada de la Universidad Pablo de Olavide
ecientemente ha sido dictada por el Juzgado
de lo Contencioso-administrativo nº 3 de
Sevilla sentencia estimatoria de petición de
responsabilidad patrimonial contra el Servicio
Andaluz de Salud por contagio del virus de la
Hepatitis C a una paciente en una transfusión
sanguínea durante una operación realizada en
al año 1991.
Sorprende y preocupa enormemente, que en un Centro
Público de Salud y en esa fecha, se pudiera causar un daño de
estas características a una paciente que se encuentra en la actualidad
en el estado cirrótico de la enfermedad, cuando desde la
entrada en vigor de la Orden de 3 de octubre de 1990, (BOE
de 12 de octubre) era obligatoria la realización de las pruebas
de detección del virus de Hepatitis C a las unidades de sangre
donadas.
Tal como expresa el Juzgado en su sentencia, el Banco de
Sangre del Centro de Salud no aportó al expediente la documentación
que exigía el ya derogado RD 1945/1985 que regulaba
la Hemodonación y los Ban-
cos de Sangre, única prueba que
hubiera podido acreditar que
la analítica para la detección
del virus se había realizado.
Esta normativa exigía, al igual
que la actual, que en las solicitudes
de unidades de sangre
de los Hospitales a los Bancos
constaran los datos del receptor y las pruebas cruzadas para
comprobar su compatibilidad con las células del donante, de
lo que debe quedar constancia en el historial del paciente. Del
mismo modo, en el Banco de Sangre debían custodiarse estos
datos para el caso de que existieran complicaciones posteriores,
junto con la documentación preceptiva donde la firma de la
persona responsable garantizara la realización de las pruebas
de detección de los virus de Hepatitis C y Sida a las bolsas de
sangre trasfundidas.
La ausencia de esta documentación ha impedido la ruptura
del nexo causal que la parte actora sí ha podido probar con
un informe médico de un especialista que determina que la
aparición de los primeros síntomas en la paciente se produce a
los pocos meses de la transfusión. Las pruebas preanestésicas
previas a la operación y consiguiente transfusión realizadas en
el año 1991, no detectaron ninguna anomalía que alertara a los
facultativos. Sin embargo, transcurridos tres meses, comienzan
síntomas como cansancio y letargia, y una elevación progresiva
de la cifra de las transaminasas hepática y muscular. Dado
que el período de incubación de la hepatitis por virus C es de
«La negligencia de una persona,
que en un momento crucial no
cumplió con el que era su deber,
ha destrozado una vida»
Tribuna
15 a 160 días, y a pesar de que el 40% de los contagios son de
origen desconocido, estima el especialista que existe una “muy
elevada probabilidad de relación directa entre la transfusión
sanguínea y el contagio”, siendo imposible demostrar en estos
supuestos una probabilidad mayor.
Tampoco le ha sido posible al Servicio Andaluz desvirtuar
esta prueba alegando en su defensa el fallecimiento del esposo
de la demandante años antes de una cirrosis hepática, de lo que
pretende deducir, que pudo deberse también a la Hepatitis C que
contagió a la esposa. Sin embargo, tal como expresó el especialista
en hematología en la prueba pericial practicada, la muerte por
cirrosis hepática del fallecido no tenía por qué ser causada por
el virus de la Hepatitis C, sino por otro tipo de dolencias, considerando
además, que el riesgo de contagio de esta enfermedad
por vía sexual o percutánea en parejas estables es prácticamente
insignificante, siendo similar al de la población normal.
Para finalizar, el Servicio Andaluz de Salud solicitaba que
en el supuesto de acreditarse el daño producido, la paciente
tendría derecho exclusivamente a la ayuda de 18.030,36
euros de la Ley 14/2002 de 5 de
junio, destinada a personas que
han desarrollado el virus de la
Hepatitis C como consecuencia
de transfusiones sanguíneas en
el ámbito sanitario público. El
Juzgado, siguiendo la doctrina
del Tribunal Supremo recogida
en sentencias de 25 de noviembre
de 2000, y 24 de marzo de 2003, entre otras, fija la cuantía
indemnizatoria en 80.000 euros. Para esta consolidada doctrina,
los contagios de los virus de Hepatitis C y Sida a través de
transfusiones realizadas con anterioridad a que se tuvieran
conocimientos científicos para su detección, no originaban un
daño antijurídico reparable. Para paliar la situación de estos
enfermos se han ido concediendo determinadas ayudas por
parte de la Administración de naturaleza asistencial y en ningún
caso indemnizatoria. Por el contrario, sí originan derecho a
indemnización los contagios de Hepatitis C en el ámbito sanitario
público si han sido producidos con posterioridad a la entrada
en vigor de la Orden Ministerial de octubre de 1990, como
ocurrió en este supuesto, en el que la demandante no estaba
obligada jurídicamente a soportar este daño de consecuencias
incomnesurables para su salud.
Como en tantos supuestos de responsabilidad patrimonial
administrativa, la negligencia de una persona que en un
momento crucial no cumplió con el que era su deber, ha destrozado
una vida.
Mayo - Agosto 2006 La Toga 45