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Dossier
tema español la Ley Básica de Régimen Local, la imprevisión
normativa de la intervención de los entes locales en sectores
de la realidad o la aún existente mediatización de la actuación
local ya sea por vía legislativa ya sea por vía de acción administrativa
ha llevado a la doctrina científica a replantearse
técnicas de efectividad del verdadero sentir de la autonomía
local constitucionalmente garantizada.
Por ello, se abrió una primera línea de debate, en torno al
valor de la Carta Europea de la Autonomía Local y su posición
como parámetro para enjuiciar la constitucionalidad de las
leyes internas del Estado.
Interesantísimo resulta, a estos efectos, el debate dialéctico
mantenido entre Requejo Pagés y Fernández Farreres en torno
al valor de la Carta Europea en el ordenamiento jurídico
español.
Según el profesor Requejo Pagés(25), para el Tribunal
Constitucional Español (SSTC 28/1.991, de 14 de febrero;
64/1.991, de 22 de marzo y 235/2.000) las normas internacionales
no pueden ser o constituir criterio de constitucionalidad
de las normas de Derecho interno; de hecho, cualquier
infracción de la Carta Europea de la Autonomía Local por
una ley estatal –autonómica debe ser resuelta en términos de
Aplicabilidad(26).
Por otro lado, el profesor Fernández Farreres(27) sintetiza
los principales pronunciamientos doctrinales en:
- La CEAL tiene rango y valor de ley y es de obligado
cumplimiento.
- Reconocen la especial posición ordinamental de la Carta
Europea de la Autonomía Local junto a la LBRL.
- La CEAL vincula al legislador estatal y autonómico.
Y tras analizarlos y contrastarlos con la posición de Requejo
Pagés, efectúa un replanteamiento muy interesante:
El autor parte de considerar a la Carta Europea de la
Autonomía Local como un tratado que válidamente celebrado
y publicado oficialmente se integra en el ordenamiento
interno como una norma con valor y fuerza de ley y plantear
su relación con el legislador estatal y autonómico no desde la
perspectiva de la “jerarquía normativa” sino por principio de
respeto de los “espacios materiales” que la Constitución les
reserva, como sucede en la relación ley orgánica-ley ordinaria.
Para Fernández Farreres lo que “regula” un tratado es
indisponible por el legislador ordinario y, al igual que un
tratado deroga a cualesquiera leyes preexistentes, las leyes
posteriores que contradigan o se opongan al tratado vulneran
el artículo 96.1 de la CE(28).
Atendiendo a que los tratados se adentran en un ámbito
material acotando un espacio más dentro de nuestro concreto
sistema de fuentes por imperativo constitucional, cualquier
infracción que efectúe una ley posterior oponiéndose al tratado
se resuelve no en términos de “aplicabilidad” sino de
“invalidez” por su inconstitucionalidad.
Pues bien, esta línea de debate concluiría analizando
los “principios” que se predican del contenido de la Carta
Europea de la Autonomía Local por lo que la mayoría de las
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infracciones se producirían precisamente por “omisión” por
parte del legislador de los “principios” de la Carta.
La segunda línea de debate, pivota sobre la Ley Básica
de Régimen Local y la autonomía local constitucionalmente
garantizada y la posición de los Estatutos de Autonomía.
Un resumen ilustrativo de la intrínseca relación de la Ley
Básica de Régimen Local con la autonomía local, la ofrece
el “Primer Borrador del Libro Blanco para la Reforma del
Gobierno Local en España [Art. 2o, apartado segundo, de la
Orden APU/2648/2004, de 27 de julio (BOE del 4 de agosto)]”
cuyo extracto más significativo se reproduce, a continuación:
“Prácticamente desde el comienzo de su actividad -desde
que en la STC 4/1981 apuntó que cabía deducir de los arts.
148.1.2 y 149.1.18 CE un «mandato implícito» para que se
dictase una nueva Ley de régimen local [FFJJ 1o B) y 3o]-, el
Tribunal Constitucional, ha venido sosteniendo ininterrumpidamente
que, en primera instancia, corresponde al Estado el
desarrollo normativo del nivel local de gobierno, en virtud de
la competencia que ostenta sobre las “bases del régimen jurídico
de las administraciones públicas” (art. 149.1.18).”
“La conexión directa que media entre esta competencia
normativa y, de una parte, la concreción de la garantía constitucional
de la autonomía local y, de otro lado, el aseguramiento
de un determinado modelo de Estado, es la razón
primordial esgrimida para sustentar esta interpretación del
título competencial ex art. 149.1.18 CE: «Como titulares de un
derecho a la autonomía constitucionalmente garantizada, las
comunidades locales no pueden ser dejadas en lo que toca a
la definición de sus competencias y la configuración de sus
órganos de gobierno a la interpretación que cada comunidad
autónoma pueda hacer de ese derecho (...).”
“La garantía constitucional es de carácter general y configuradora
de un modelo de Estado, y ello conduce, como
consecuencia obligada, a entender que corresponde al mismo
la fijación de principios o criterios básicos en materia de
organización y competencia de general aplicación en todo el
Estado» (STC 32/1981, FJ 5o; desde entonces, doctrina profusamente
reiterada)”.
“En definitiva, si, por lo general, con la atribución al
Estado de la competencia para determinar las bases de una
materia se pretende «una regulación normativa uniforme y
de vigencia en toda la Nación» (por todas, STC 1/1982, FJ
1o), así también la normativa básica estatal ex art. 149.1.18 CE
«tiende a asegurar un nivel mínimo de autonomía a todas las
Corporaciones locales en todo el territorio nacional, sea cual
sea la comunidad autónoma en que estén localizadas» (así,
entre otras, SSTC 213/1988, FJ 2o y 259/1988, FJ 2o).”
“De conformidad con estos presupuestos doctrinales, se
hace evidente que el componente fundamental de “lo materialmente
básico” se halla constituido por aquellas cuestiones
más estrechamente relacionadas con la delimitación de
la autonomía constitucionalmente consagrada, a saber, la
estructura orgánica y -sobre todo competencial de municipios
y provincias (y así lo recuerda constantemente el Tribunal
Constitucional -SSTC 32/1981, FJ 5o; 214/1989, FJ 1o; STC
33/1993, FJ 3o; etc.-).“
“No es de extrañar, pues, que haya sido precisamente a
propósito de la regulación de las competencias cuando el
Mayo - Junio 2006