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Doctrina
T.E.A. CENTRAL. 14-09-05. ISD. A efectos del Impuesto
sobre Sucesiones y Donaciones se considera residencia habitual
la permanencia de una persona de manera continuada,
acostumbrada y usual en un lugar determinado, caracterizada
esencialmente por una presencia física que ofrezca diferencias
relevantes, por su duración y frecuencia, con la permanencia
en otras viviendas o residencias y por una vinculación con
sus actividades o intereses personales y profesionales o económicos.
Es una cuestión fáctica, que habrá de decidirse por el
órgano competente para ello, apreciando y valorando conjuntamente
todas las pruebas aportadas.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES
EUROPEAS. 21-02-06. IVA. Para que el impuesto pueda ser
exigible en el caso de pagos anticipados a cuenta es preciso que
ya se conozcan todos los elementos relevantes del devengo,
esto es, de la futura entrega o prestación y, por consiguiente,
que los bienes o servicios estén identificados con precisión
cuando se efectúe el pago a cuenta. Por tanto, los pagos anticipados
de una cantidad a tanto alzado que se abone por unos
bienes señalados de forma general en una lista que pueda
modificarse en cualquier momento de mutuo acuerdo entre
el comprador y el vendedor y de la que el comprador pueda
elegir, en su caso, algunos artículos en virtud de un acuerdo
que en todo momento pueda resolver unilateralmente, recuperando
la totalidad del pago anticipado no utilizado, no están
comprendidos dentro de la Sexta Directiva del IVA.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES
EUROPEAS. 11-05-06. IVA. Me gustaría poner especial énfasis
en el contenido de esta Resolución ya que viene a decirnos
que: Se permite a un Estado miembro adoptar una normativa
que establezca que en las entregas de bienes o prestaciones de
servicios a un sujeto pasivo que sabía, o podía razonablemente
sospechar, que la totalidad o una parte del Impuesto sobre el
Valor Añadido correspondiente a dicha entrega o prestación, o
a cualquier entrega o prestación anterior o posterior, quedaría
impagada, puede ser considerado solidariamente responsable,
junto con el deudor, del pago de dicho impuesto. No se opone
a una normativa nacional que imponga a cualquier persona,
la obligación de constituir una garantía del pago del Impuesto
sobre el Valor añadido adeudado.
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. 13-02-06. I.R.P.F. El artículo
71.2 de la Ley 18/1991, al excluir la posibilidad de que los
padres que deben satisfacer pensiones de alimentos a favor de sus
hijos por resolución judicial puedan reducir su base imponible
en la cuantía de las mismas, no hace otra cosa que equiparar la
situación de aquéllos a la de todos los padres que, por imperativo
constitucional y legal, han de sufragar los gastos que ocasiona la
manutención y educación de sus hijos, sin que exista una decisión
judicial que se le imponga. y del 7,5 por 100
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. 05-04-06. I. SUCESIO-
NES. A vueltas otra vez con la figura del “presentador”, por
medio de esta Resolución se viene a sancionar que el art. 36.2
de la Ley 29/1987, en la medida en que se efectúe directamente
a personas distintas del propio sujeto, establece un obstáculo
desproporcionado al acceso a la jurisdicción y, por tanto,
lesiona el art. 24.1 de la Constitución. El precepto cuestionado
vulnera la prohibición de indefensión establecida en el art. 24.1
CE porque, presumiendo iuris et de iure que quien presenta la
declaración del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones actúa
como mandatario del obligado al pago, le autoriza a intervenir
en todas las actuaciones relacionadas con la gestión del tributo,
lo que propicia situaciones de indefensión al dar validez
a notificaciones de actos administrativos que no garantizan
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su conocimiento efectivo por los interesados, obstaculizando
“el derecho del acceso a la tutela judicial. En consecuencia se
declara inconstitucional y nulo.
TRIBUNAL SUPREMO. 25-11-05. DELITOS CONTRA
LA HACIENDA PÚBLICA. El deber de contribuir se cumple
atendiendo a dos aspectos: declarar y pagar; la infracción de
cualquiera de ellos podría tener consecuencias de naturaleza
tributaria. Sin embargo, lo que penalmente se sanciona no es
la omisión de la declaración por sí misma, formalmente considerada,
asilada de cualquier valoración, ni tampoco el impago,
entendido como omisión del ingreso material del dinero, si ha
mediado una declaración veraz, sino que lo que el tipo exige
es una conducta defraudatoria y no el mero incumplimiento
de deberes tributarios. Sin embargo pueden presentarse casos
excepcionales, como el caso de autos, en el que la conducta de
los acusados, aunque formalmente haya consistido en la omisión
de una declaración debida y en el consiguiente impago en
tiempo, y aunque en el ámbito tributario pudiera discutirse la
pertinencia de las correspondientes sanciones o recargos, ello
no puede valorarse como una ocultación del hecho imponible
o de sus características, dado que fueron requeridos antes de
que finalizara el plazo para aportar la documentación relativa
a dicho hecho imponible en unas actuaciones de investigación
sobre el mismo, y además comparecieron aportándola, según
se recoge en el informe de la Inspección de los Tributos, en el
curso de la tramitación administrativa.
TRIBUNAL SUPREMO. 17-01-06. IVA. Cuando se llevan
a cabo sucesivas compraventas de un edificio, estando aún en
fase de construcción, y se establece por convención contractual
la entrega de un edificio terminado, sólo la primera transmisión
constituye primera entrega y las posteriores transmisiones, aún
cuando se convengan estando aún en fase de construcción, tienen
la consideración de segundas o ulteriores entregas, estando
por ello exentas del IVA y sometidas al ITP.
TRIBUNAL SUPREMO. 07-02-06. I. SOCIEDADES. Es
procedente la aplicación de los plazos generales establecidos
para le exención por reinversión, cuando la transmisión se ha
realizado a través de una permuta. En la misma Sentencia se
anula la modificación del valor declarado por el recurrente
como valor de transmisión del inmueble, porque la Administración
introdujo un nuevo valor sin determinar cuál era el origen
del mismo, ni justificar el método utilizado para computarlo.
TRIBUNAL SUPREMO. 07-02-06. I. SUCESIONES. La
Comunidad Autónoma en la que ha de presentarse la liquidación
del Impuesto sobre Sucesiones, es aquella en la que el
causante haya tenido su última residencia habitual, no donde
hubiera declarado que tenía su domicilio fiscal, aunque hubiera
presentado su liquidación del Impuesto sobre el Patrimonio
en este último .La residencia habitual del causante, estaba en
Asturias, y no en Madrid, como pretendía la recurrente, porque
a pesar de que en esta tenía declarado su domicilio fiscal y había
presentado sus liquidaciones del Impuesto sobre el Patrimonio,
no residía efectivamente en la Comunidad de Madrid.
TRIBUNAL SUPREMO. 14-02-06. I.R.P.F. Se declara la nulidad
del precepto que establecía la retención de un cuarenta por
ciento para las retribuciones entregadas a los miembros del Consejo
de Administración de una empresa. Se declara la nulidad
del artículo 45.2 del R.D. 1841/1991, Reglamento del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas, por considerar el alto
tribunal que el aumento del tipo de retención establecido en las
tablas, fijando un tipo concreto para un determinado concepto
de retribución, ha de justificarse suficientemente, justificación
que no se ha producido en el presente caso, en el que el tipo de
Mayo - Agosto 2006