Riesgos y portafolios agropecuarios

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y lo hace desde perspectivas distintas en cada país. Actualmente, en Guatemala la iniciativa
más importante desde el sector público es DACRÉDITO, programa que busca colaborar con
los intermediarios privados a través de un conjunto de subsidios (fondo de garantía, subsidios
para contratación de seguros y subsidios a los productores para contrataciones de asistencia
técnica, etc.) 95 . BANRURAL S.A. no utiliza los servicios de DACRÉDITO, aunque es
posible que algunos de sus clientes si reciban algún apoyo de este programa. FUNDEA, en
cambio aún se encontraba en conversaciones para acreditarse como usuario de DACRÉDITO.
Adicionalmente, en Guatemala existe un número importante de fideicomisos destinados a
colocaciones agropecuarias, la mayoría de ellos administrados por BANRURAL S.A., sin
embargo, de acuerdo con nuestros entrevistados estos representan apenas el 10% del fondeo
total de las colocaciones agropecuarias.
En el Perú en cambio el sector público trabaja a través de dos iniciativas que más bien buscan
ofrecer recursos a bajo costo para que las entidades financieras se fondeen y coloquen luego
en el agro. Uno de los programas, el Producto Financiero Estandarizado (PFE) además del
fondeo ofrece acceso a un fondo de garantía, y este programa en realidad termina siendo un
producto fijo en el cual el intermediario financiero actúa solo como comisionista. El otro es
un programa de fondos de segundo piso desembolsado a través de Agrobanco. Producto
exitoso (con morosidad de cero) y que ha permitido a las entidades financieras acceder a
recursos de bajo costo para colocarlos en el agro. Tanto CMAC Sullana como EDPYME
Confianza utilizan ambos programas pero estos representan una proporción pequeña de sus
colocaciones agropecuarias.
Relación entre rentabilidad y gobernabilidad. Como mencionamos las entidades analizadas
en esta sección son de variado formato y con estructuras de propiedad diversas. A pesar de
ello, en todas ellas ha resultado clave, en particular en las más complejas, en las que los
accionistas son más heterogéneos o en las que el sector público tiene injerencia, el tener
niveles de rentabilidad interesantes y un procedimiento claro y simple de reparto de
utilidades. Estos esquemas son la base para mantener la gobernabilidad y sostenibilidad de las
entidades analizadas, así como también el establecimiento de un directorio en el que
participen diferentes organismos o asociaciones civiles, diseminar el poder en varios actores.
En todas ellas el directorio ha respaldado una gestión técnica promovida desde la gerencia
(gestión que a su vez asegura la continuidad en los niveles de rentabilidad de las
instituciones), y en todas ellas se reconoce que esto ha sido posible gracias a los buenos
resultados y a los esquemas existentes para compartir y distribuir dichos resultados positivos.
Origen de los fondos no parece afectar decisiones de colocación en el agro. No
encontramos evidencia de que aquellos que se fondean básicamente con recursos del público
tiendan a evitar las colocar estos recursos en el agro. O visto de otro modo, encontramos poca
dependencia de recursos especiales (del sector público, fideicomisos, líneas de financiamiento
concesionales, etc.) tras las colocaciones agropecuarias. En las cuatro instituciones los
recursos colocados vienen tanto del capital propio de las entidades, de los recursos captados
del público (en los dos casos que están autorizados a captar depósitos) o en fuentes regulares
de financiamiento (no dirigidas especialmente al sector).
De igual modo la presencia del sector público en los directorios tampoco parece tener
relación con la mayor o menor colocación de recursos en el sector agropecuario. Tal como se
encuentra en la CMAC Sullana que es de propiedad de un municipio o en BANRURAL S.A.
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Existe en Guatemala otro programa desde el Ministerio de Economía pero solo para la microempresa.
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