Informe presentación (2-3) - AELE

Enfoque Internacional Nº 6
dencia por el hecho de la subcontratación descrita en la consulta,
celebrada para ejecutar un servicio en el país a un cliente
peruano.
Siendo ello así, conforme al apartado c) del párrafo 3 del
artículo 5° del Convenio, los días de prestación de servicios
efectuados en el Perú correspondientes a la empresa matriz
deben agregarse al período durante el cual la filial peruana
presta sus servicios a su cliente sin recurrir a la actividad subcontratada
de su matriz.
De este modo, si, tomados en conjunto, ambos períodos superan
los 183 días dentro de un período cualquiera de doce
meses, se configurará un establecimiento permanente en los
términos del apartado b) del párrafo 3 del artículo 5° del Convenio,
y los beneficios obtenidos a través del mismo deberán
tributar con el Impuesto a la Renta peruano.
3. En relación con el literal a) de la tercera consulta, partimos de
la premisa que el servicio de la empresa peruana (subcontratada
por la empresa chilena) se presta en el país.
Al respecto, cabe indicar que conforme lo dispone el inciso b)
del artículo 1° del TUO de la Ley del IGV, este impuesto grava
la prestación o utilización de servicios en el país.
Por su parte, el numeral 2 del literal c) del artículo 3° del referido
TUO establece que servicio es toda prestación que una persona
realiza para otra y por la cual percibe una retribución o
ingreso que se considere renta de tercera categoría para los
efectos del Impuesto a la Renta, aún cuando no esté afecto a
este último impuesto; incluidos el arrendamiento de bienes
muebles e inmuebles y el arrendamiento financiero.
Añade que se entiende que el servicio es prestado en el país
cuando el sujeto que lo presta se encuentra domiciliado en él
para efecto del Impuesto a la Renta, sea cual fuere el lugar de
celebración del contrato o del pago de la retribución.
En ese sentido, la prestación de servicios que la empresa filial
constituida en el Perú ejecute en el territorio nacional a favor
de su matriz constituida en Chile en virtud de una relación de
subcontratación de servicios, se encontrará gravada con el IGV.
De otro lado, en cuanto a los puntos b) y c) de la tercera
consulta, se tiene que la empresa matriz constituida en Chile
y su filial constituida en el Perú califican como empresas asociadas
en los términos del artículo 9° del Convenio. Adicionalmente,
son empresas que desarrollan las mismas actividades
y estas se encuentran conectadas entre sí en virtud de una
relación de subcontratación concertada para la ejecución en
el Perú de un servicio a favor de un cliente local para un único
proyecto.
Por consiguiente, en aplicación del apartado c) del párrafo 3
del artículo 5° del Convenio, el período durante el cual la
empresa matriz desarrolle sus servicios en el Perú, sin recurrir
a la subcontratación, deberá agregarse a los días en que la
filial constituida en el Perú preste sus servicios en el país (en
virtud de la subcontratación).
De este modo, se configurará un establecimiento permanente
si, tomados conjuntamente, ambos períodos superan los
183 días dentro de un período cualquiera de doce meses; por
lo que los beneficios obtenidos mediante dicho establecimiento
deberán tributar con el Impuesto a la Renta peruano.
4. En cuanto al literal a) de la cuarta consulta, el apartado b) del
párrafo 3 del artículo 5° del Convenio señala expresamente
que el cómputo de la realización de actividades se hará “dentro
de un período cualquiera de doce meses”, por lo cual deben
considerarse períodos de doce meses desde el inicio de
las actividades y no años calendario.
Respecto al literal b) de la misma consulta, según se desprende
de la lectura del apartado bajo comentario, para el cómputo
del período o períodos se consideran los días de prestación
de servicios por parte de la empresa. Por ello, para fines de
tal cómputo, no resulta relevante el número de trabajadores
de la empresa que se encarguen de la realización de dicha
prestación.
En relación con el literal c), la norma analizada incluye dentro
de la expresión “establecimiento permanente” a la prestación
de servicios por parte de una empresa en un lapso determinado,
sin hacer alusión para el cómputo de los días a si los
servicios deben estar relacionados con la elaboración de un
proyecto específico. En ese sentido, se considera que existe
un establecimiento permanente cuando la prestación de servicios
por parte de una empresa prosiga durante un período
o períodos que en total excedan los 183 días dentro de un
período cualquiera de doce meses, sin importar si dichos servicios
corresponden a uno o más proyectos o si estos están
vinculados entre sí.
5. En lo concerniente a la quinta interrogante, a partir de la
redacción del apartado b) del párrafo 3 del artículo 5° del
Convenio se puede colegir que la contabilización de los 183
días alude al tiempo de duración de la prestación de servicios
efectuada por una empresa de un Estado Contratante en el
otro Estado Contratante, por lo que dicha contabilización está
referida al desarrollo de la actividad en el Estado donde se
prestan los servicios (8) .
6. En relación con la sexta consulta, cabe indicar que en el párrafo
1 del artículo 15° del Convenio se establece que, sin
perjuicio de lo dispuesto en los artículos 16°, 18° y 19° (9) , los
sueldos, salarios y otras remuneraciones obtenidas por un residente
de un Estado Contratante por razón de un empleo
sólo pueden someterse a imposición en este Estado, a no ser
que el empleo se realice en el otro Estado Contratante. Si el
empleo se realiza de esa forma, las remuneraciones derivadas
del mismo pueden someterse a imposición en ese otro Estado.
Sin embargo, el párrafo 2 del mismo artículo señala que, no
obstante las disposiciones del párrafo 1, las remuneraciones
obtenidas por un residente de un Estado Contratante en razón
de un empleo realizado en el otro Estado Contratante se
gravarán exclusivamente en el primer Estado si:
a) El perceptor permanece en el otro Estado durante un período
o períodos cuya duración no exceda en conjunto de
183 días en cualquier período de doce meses que comience
o termine en el año tributario considerado, y
b) Las remuneraciones se pagan por, o en nombre de una
persona que no sea residente del otro Estado, y
c) Las remuneraciones no se imputen a un establecimiento
permanente o una base fija que una persona tenga en el
otro Estado.
De la norma citada, se entiende que, como regla general,
todo empleado dependiente debe tributar en el Estado donde
tenga su residencia, salvo que el trabajo se realice en el otro
Estado Contratante, en cuyo caso este último Estado también
puede someter a imposición los sueldos, salarios y otras remuneraciones.
Sin embargo, dichos conceptos se gravarán
exclusivamente en el Estado de residencia, a pesar que el
empleo se efectúe en el otro Estado Contratante, si se verifi-
––––––
(8) Sin perjuicio de ello, es necesario tener en cuenta lo señalado en la nota precedente.
(9) Los cuales están referidos a las reglas a aplicar en el caso de las participaciones
de los consejeros, pensiones y funciones públicas, respectivamente.
52 / noviembre 2009