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ESTUDIOS Y NOTAS / CRÓNICA TRIBUTARIA 143-2012 del interés general de las actividades del sujeto pasivo, la posibilidad de que el coste de las prestaciones en cuestión sea asumido en gran parte por seguros de enfermedad u otros organismos de seguridad social. Quizás sea este un límite, reiterado por el TJCE, que puede llamar la atención en el supuesto de exigirse por los Estados miembros, ya que nos lleva a la conclusión de que los mismos análisis pueden estar exentos o no en función de la persona que abona la contraprestación, quedando excluidos si son abonados íntegramente por el particular, lo que ocurre asiduamente cuando el propio particular lleva a cabo un seguimiento intensivo de determinados parámetros clínicos por propia voluntad. VII. Relevancia para España: España ha recogido ambas exenciones en el artículo 20.uno.2º y 3º de la Ley. La primera respecto de las Entidades de Derecho público o Entidades o establecimientos privados, y la segunda relativa a los profesionales médicos y sanitarios. La amplitud con la que están reguladas estas exenciones nos lleva a la conclusión de que pocas dudas suscita esta sentencia en relación con nuestra norma interna. En el primero se citan a los laboratorios, y en el segundo expresamente a la prestación de servicios de análisis clínicos, que pueden ser efectuados, como indica el precepto tanto por profesionales médicos como por profesionales sanitarios, y así lo ha reconocido la propia Dirección General de Tributos, cuando en consulta de 19 de abril de 1999 (número 545/1999), ya indicó que tienen la consideración de profesionales sanitarios los farmacéuticos, técnicos de laboratorio y químicos que ejercen como especialistas en análisis clínicos, bioquímica, microbiología, parasitología y radiofarmacia; reconociendo la inexistencia de una norma interna que establezca con carácter general el cuadro de profesiones sanitarias. Respecto de la primera de las exenciones, la norma española impone a las entidades o establecimientos privados un requisito o condición adicional a fin de que sus prestaciones queden exentas. De esta forma pretende abarcar la mayoría de los supuestos, siendo más beneficiosa para los destinatarios de los servicios que ven reducido el coste sanitario. La norma española resume en uno sólo los requisitos exigidos conjuntamente por los dos apartados del artículo 13 de la Sexta Directiva que antes se han indicado, y no es otro que las entidades o establecimientos privados estén en régimen de precios autorizados o comunicados, independientemente de quien abone la factura de los servicios, entendiendo que lo serán aquéllos cuya modificación esté sujeta al trámite previo de autorización o comunicación de algún Órgano de la Administración. La Orden Ministerial de 26 de febrero de 1993 por la que se modifica el régimen de precios de determinados bienes y servicios califica los precios de los bienes y servicios suministrados por clínicas, sanatorios y hospitales como precios comunicados de ámbito autonómico, por lo que serán las Comunidades Autónomas las competentes al respecto. VIII. Bibliografia: CHECA GONZÁLEZ, Clemente: Las exenciones tributarias en el ordenamiento estatal; Lex Nova, 2001. HERRERA MOLINA, Pedro Manuel: La exención tributaria;, Colex, 1990. GARCÍA LÓPEZ, Carlos E.: Tributación de médicos y clínicas; CISS, S.A., 1995. Guía del Impuesto sobre el Valor Añadido; CISSPRAXIS, 2001. – 200 –
COMENTARIOS DE JURISPRUDENCIA COMUNITARIA STJCE 8.6.2006, F. Halle, As. C-430/04: Posibilidad de invocar el artículo 4, apartado 5, párrafo segundo. Actividades que ejerce un sujeto pasivo privado en competencia con una autoridad pública. No sujeción respecto a las actividades ejercidas por un Organismo de Derecho público como autoridad pública Antonio Longás Lafuente Tribunal Económico-Administrativo Regional de Madrid I. Doctrina del Tribunal: El TJCE establece doctrina en relación con el artículo 4, apartado 5 de la Sexta Directiva, regulador del régimen aplicable a los organismos de Derecho público, considerando que un particular que se encuentre en situación de competencia con un organismo de Derecho público y alegue la no sujeción al IVA de dicho organismo o la tributación excesivamente baja a que está sometido, respecto a las actividades que ejerce en calidad de autoridad pública, está legitimado para invocar el precepto indicado en el marco de un litigio entre un particular y la administración tributaria nacional como el que da lugar al planteamiento de la cuestión prejudicial (que trata sobre la negativa de la administración tributaria a divulgar a un particular información amparada por el secreto tributario relativo a un organismo de Derecho público). II. Antecedentes jurisprudenciales: Respecto de las cuestiones de fondo suscitadas en la sentencia: STJCE 17.10.1989, Comune di Carpaneto Piacentino y otros, As. C-231/87 y 129/88. STJCE 14.12.2000, Fazenda Pública, As. C- 446/98. STJCE 08.03.1001, Comisión/Portugal, As. C-276/98. STJCE 26.05.2005, Kingscrest Associtaes y Montecello, As. C-498/03. Respecto de la posibilidad de invocar directivas comunitarias: STJCE 16.06.1966, Lütticke, As. C-57/65. STJCE 04.12.1974, Van Duyn, As. C-41/74. ÇSTJCE 19.01.1982, Becker, As. C-8/81. STJC 22.06.1989, Fratelli Costanzo, As. C-103/88. STJCE 03.11.1992, Oleificio Borelli, As. C- 97/91. STJCE 11.07.2002, Marks & Spencer, As. C-62/00. STJCE 20.05.2003, Österreichischer Rundfunk y otros, As. C-465/00, C-138/01 y C-139/01. El TJCE, recuerda de un lado los principios jurisprudenciales sobre invocación de las directivas y, por otro, los inspiradores de la imposición sobre el consumo, el principio de neutralidad y el de no distorsión de la competencia, aplicándolos a un precepto de la Sexta Directiva, como es el regulador de la tributación de los organismos de Derecho público, concluyendo en el derecho de los particulares a alegarlos en un procedimiento jurisdiccional de ámbito nacional. III. Supuesto de hecho: El Feuerbestattungsverein es una asociación de interés público que explota un crematorio en la ciudad de Halle, presentando ante el Finanzamt una solicitud de información relativa al número de identificación fiscal con el que éste había adoptado la última resolución tributaria frente a Lutherstad Eisleben, municipio que también explota un crematorio, así como la fecha en que se había adoptado dicha resolución. En su solicitud, – 201 –
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