Comentarios de Jurisprudencia Comunitaria - Consejo General de ...

COMENTARIOS DE JURISPRUDENCIA COMUNITARIA
exenciones sanitarias previstas en el artículo 13, parte A, letras b) y c); pues la novedad
de la doctrina del TJCE en esta ocasión es su aplicación a un supuesto concreto, fijando
como método de análisis los pasos que antes hemos indicado, esto es, determinación de
si la actividad puede quedar acogida en uno u otro supuesto o en los dos: en el caso de
comprenderse en la letra b) y si estamos ante un establecimiento no hospitalario analizar
su naturaleza a efectos de su comprensión en el concepto de «establecimiento de la
misma naturaleza»; y finalmente apreciar si los requisitos exigidos por los Estados
miembros que adicionalmente pueden aplicar en la exención de la letra b) son correctos
de acuerdo con los principios y objetivos que rigen la exención.
Recordemos que las exenciones sanitarias son recogidas en las dos letras que hemos
citado y ambas tienen por objeto regular la totalidad de las exenciones de los servicios
médicos en sentido estricto: en la letra b) se recogen las que llevan a cabo las Entidades
de Derecho Público, establecimientos hospitalarios, centros de cuidados médicos y de
diagnóstico y otros establecimientos de la misma naturaleza legalmente reconocidos y
tiene por objeto las prestaciones de servicios de hospitalización y asistencia sanitaria y
las demás relacionadas directamente con las mismas. La letra c) se refiere a las prestaciones
realizadas por personas físicas, profesionales médicos y sanitarios definidos como
tales por los Estados miembros, y tienen por objeto la asistencia a personas físicas.
Sólo la primera de las exenciones, y respecto a los establecimientos sanitarios que
no sean públicos, puede quedar subordinada al cumplimiento de los requisitos establecidos
por los Estados miembros: de un lado por los previstos en el apartado 2, letra
a) de la parte A del artículo 13, respecto de los que los Estados miembros pueden exigir
el cumplimiento de una de las condiciones o de varias de las que indica esta letra
a), puesto que es opcional o potestativo para los Estados miembros, la norma sólo autoriza
a que puedan exigirlos (precios, distorsión de la competencia, objetivos lucrativos,
carácter filantrópico, etc). De otro son los Estados miembros los que deben precisar
los requisitos y las modalidades del reconocimiento previo que los establecimientos
no públicos deben poseer para acogerse a la exención, previa solicitud de los mismos;
si bien en sentencias anteriores había señalado el TJCE que «ninguna disposición
de la Sexta Directiva exige que el reconocimiento sea otorgado con arreglo a un
procedimiento formal ni que esté expresamente previsto en disposiciones nacionales
de carácter fiscal» (sentencia de 06-11-2003, Dornier, C-45/2001). Son pues dos conjuntos
de límites o condiciones a los que puede quedar sujeta la exención y que no son
de aplicación a los profesionales médicos.
Es este marco normativo comunitario el que interpreta el TJCE en la sentencia que
se examina, destacando como finalidades u objetivos de las exenciones sanitarias, que
deben presidir su interpretación restrictiva: la reducción del coste de la asistencia sanitaria
y la finalidad terapéutica de las prestaciones sin que pueda entenderse en una
acepción particularmente restrictiva, puesto que puede tener un carácter preventivo
que contribuya al mantenimiento de la salud de las personas, observando y examinando
a los pacientes, antes incluso de que se haga necesario diagnosticar, tratar o curar una
posible enfermedad.
Finalmente, lleva a cabo el examen de estos objetivos y principios que deben presidir
estas exenciones sanitarias respecto de una actividad concreta, la realización de análisis
clínicos por un establecimiento mercantil, considerando que puede quedar incluida
en la exención de la letra b) y el Estado miembro puede exigir el cumplimiento de determinados
requisitos. Sobre dos de ellos incide fundamentalmente el TJCE: no es precisa
la supervisión médica, pues se incluyen dentro de la exención las prestaciones paramédicas
realizadas en centros hospitalarios bajo la responsabilidad exclusiva de personas
que no poseen la condición de médico (así lo había señalado con anterioridad respecto de
psicoterapeutas); pero si pueden los Estados miembros tomar en consideración, además
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