Comentarios de Jurisprudencia Comunitaria - Consejo General de ...

COMENTARIOS DE JURISPRUDENCIA COMUNITARIA
– los derechos notariales exigidos por la autorización de un documento en el que se
hace constar una operación comprendida dentro del ámbito de aplicación de la Directiva,
en el marco de un sistema caracterizado por el hecho de que los Notarios
son funcionarios del Estado y los derechos se abonan en parte al Estado para financiar
tareas de éste (STJCE de 29.09.1999, Modelo SGPS SA/Director-Geral
dos Registos e Notariado, Asunto C-56/98; STJCE 21.9.2000, Modelo Continente
SGPS SA, As. C-19/99; y STJCE de 30.6.2005, Längst, As. C-165/03).
– los derechos registrales, por el registro de un documento en el que se hace constar
el aumento del capital social de una sociedad de capital y cuyo importe aumenta
directamente y sin límites en proporción al capital social suscrito (STJCE
26.9.2000, IGI-Investimentos Imobiliários SA, As. C-134/99). Además, un Estado
miembro no puede introducir en el arancel de los derechos que se perciben un elemento
de solidaridad entre sociedades grandes y pequeñas. No es posible que se
establezca para un mismo servicio un derecho más elevado para las sociedades
que tengan un capital social considerable que para aquellas que tengan un capital
social menor, sin que tal diferencia en el importe de los derechos tenga relación alguna
con el coste del servicio (STJCE de 21.07.2001, SONAE - Tecnologia de Informação
SA/Direcção-Geral dos Registos e Notariado, As. C-206/99).
En todas las sentencias anteriores se afirma, además, que los derechos de carácter remunerativo
son aquellos cuya cuantía se calcula únicamente sobre la base del coste de
las formalidades correspondientes, teniendo en cuenta que esta cuantía también puede
cubrir los gastos generados por las operaciones menores efectuadas gratuitamente. Para
calcular dicha cuantía, los Estados miembros pueden tomar en consideración la totalidad
de los costes relacionados con las operaciones de inscripción, incluida la parte de
los gastos generales que les son imputables. Por lo demás, los Estados miembros están
facultados para fijar derechos a tanto alzado y establecer su cuantía para un período determinado,
siempre que garantice regularmente que ésta sigue sin ser superior al coste
medio de las operaciones de que se trata. (vid. también, la STJCE de 2.12.1997, Fantask
A/S y otros/Industriministeriet (Erhvervsministeriet), As. C-188/95; la STJCE de
10.09.2002, Riccardo Prisco, As. Ac., C-216/99 y C-222/99).
– también son contrarios a la Directiva 69/335/CEE otro tipo de gravámenes adicionales
sobre el capital de las sociedades anónimas y de las sociedades de responsabilidad
limitada con ocasión de su constitución, de la publicación y la modificación
de sus estatutos y de los aumentos de capital (STJCE 19.3.2002, Comisión c. República
Helénica, As. C-426/98).
Por el contrario, el Tribunal ha respaldado la posibilidad de que se exija a los establecimientos
de valores mobiliarios un tributo calculado sobre los beneficios brutos procedentes
de las actividades con valores, que se asemeja más a un impuesto directo sobre
la renta. Por este motivo, se estima que pertenece a una categoría de impuestos a la que
no se refiere la Directiva 69/335 (STJCE de 10.3.2005, Optiver BV y otros/Stichting Autoriteit
Financiële Markten, As. C-22/03).
Pues bien, en el caso que comentamos, el TJCE sigue en la línea de la anterior Sentencia,
dando un paso más en la delimitación del contenido del art. 10 de la Directiva citada,
y en el análisis de sus excepciones.
Dos hechos nos han llamado la atención, no obstante, en relación con esta sentencia.
El primero, que se haya entrado en el sustrato del gravamen registral alemán para afirmar
que no debe ser calificado como una tasa sino como un impuesto (impuesto permitido
según la Directiva dado que no grava el capital de la entidad sino la transmisión de
bienes como consecuencia de la operación de fusión).
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