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COMENTARIOS DE JURISPRUDENCIA COMUNITARIA
más amplio puesto que no se tiene la condición de sujeto pasivo «ni siquiera en el caso de
que con motivo de tales actividades u operaciones perciban derechos, rentas, cotizaciones
o retribuciones».
La Ley no recoge finalmente la excepción expresada por el precepto comunitario, en el
sentido de que se considerará que el ente público tendrá la condición de sujeto pasivo
cuando su actividad lleve a «distorsiones graves de la competencia».
La sentencia tiene la virtualidad también de recordarnos que las disposiciones incondicionales
y suficientemente precisas de una directiva pueden ser invocadas por los particulares
en todos aquellos casos en que no se garantice la aplicación plena de ésta, no
sólo cuando el Derecho nacional no ha sido adaptado, sino también cuando las medidas
nacionales no se han adaptado correctamente a las directivas no alcanzado así el resultado
perseguido por éstas. En este aspecto reconoce que el artículo 4, apartado 5, párrafo
segundo, en cuanto recoge que las actividades u operaciones de los organismos de Derecho
público estarán sujetas al impuesto en la medida en que el hecho de no considerarlos
como sujetos pasivos lleve a distorsiones graves de la competencia, es una disposición
que responde a los criterios del efecto directo de las directivas.
Estamos pues ante una disposición comunitaria que puede ser alegada por los particulares
en el marco de los litigios internos contra la administración tributaria, correspondiendo
al órgano nacional competente dictaminar si se produce dicha distorsión de
la competencia que, en todo caso, deberá ser grave, de forma que podrá despreciarse el
supuesto en que si bien el organismo de Derecho público realiza actividades u operaciones
en competencia con los particulares, es una actividad meramente residual, sin trascendencia
frente a la misma actividad de los particulares.
Finalmente cabría plantearse si el proceso principal que da lugar a la cuestión prejudicial
podría ser planteado también en España. Recordemos que se trataba de una asociación
que realiza una actividad sujeta y no exenta que solicitó de la administración tributaria
la información relativa a la tributación que venía recayendo y que declaraba en
su caso un organismo público, amparándose la administración tributaria para no dar la
información en el secreto tributario. No estamos ante el planteamiento de una consulta
escrita a la administración tributaria, en el marco de la obligación que el artículo 85.1 y
2.c) de la Ley General Tributaria atribuye a ésta; ni ante el supuesto de denuncia pública
ante la administración tributaria que puede dar lugar al inicio de los correspondientes
procedimientos tributarios de comprobación e investigación tal como reconoce el artículo
114 de la Ley General Tributaria. Tampoco nos encontramos ante el deber de colaboración
que los artículos 92 y siguientes de la Ley General Tributaria imponen sobre
las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, en cuanto esta obligación es frente
a la administración tributaria.
La situación planteada se refiere a la posibilidad de que un particular solicite de la
administración tributaria la información de cómo tributa un determinado organismo de
Derecho público por la realización de actividades u operaciones que compiten con las llevadas
a cabo por el particular; esto es, nos encontramos en el marco de los derechos y
garantías de los obligados tributarios reconocidos en el artículo 34 de la Ley General
Tributaria y supletoriamente por el artículo 35 de la Ley 30/1992 y el carácter reservado
de los datos con trascendencia tributaria en poder de la administración, reconocido
en el artículo 95 de la primera de las normas. No cabe duda que dentro del debate que
puede ser suscitado por el enfrentamiento entre el derecho del particular y la obligación
de la administración tributaria, debe tenerse en cuenta ahora, cuando menos para la
aplicación efectiva del IVA, cuya gestión tiene encomendada esta última, la interpretación
que el TJCE lleva a cabo en esta sentencia.
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