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ESTUDIOS Y NOTAS / CRÓNICA TRIBUTARIA 143-2012
En segundo término, es llamativo que no se haya hecho ninguna referencia a los derechos
de carácter remunerativo. El Tribunal de instancia ya había planteado la petición
en la línea de los impuestos sobre las transmisiones. Hay que tener en cuenta que
el propio precepto extiende esta excepción a los derechos de inscripción en el Registro de
la Propiedad. Lo que parece ir adquiriendo cierta relevancia es la afirmación de que no
puede exigirse gravamen alguno sobre las aportaciones y sobre el capital de las sociedades,
asociaciones o personas morales que persigan fines lucrativos.
Hay que advertir, por último, que esta sentencia marca un hito importante. En este
sentido, con posterioridad a esta sentencia, el TJCE está siguiendo la misma senda: se
considera que no se opone a la Directiva la exigencia de derechos notariales por el otorgamiento
de una escritura pública en la que se hace constar una cesión de participaciones
sociales que no está relacionada con un aumento del capital social (aunque los derechos se
fijen a tanto alzado y/o en función del valor de las participaciones cedidas). En este caso,
afirma que se trata de un impuesto sobre la transmisión de valores mobiliarios que entra
dentro del ámbito de la excepción del art. 12.1.a) (STJCE de 7.09.2006, Fazenda Pública/Organon
Portuguesa – Produtos Químicos e Farmacêuticos Lda, As. C-193/04).
VII. Relevancia para España:
La doctrina del TJCE tiene proyección en nuestro ordenamiento por dos motivos. El
primero, porque vuelve a plantear la conformidad con la Directiva 69/335/CEE de determinados
gravámenes exigidos por los Estados miembros, creemos que tiene relevancia
para España. Y es que en nuestro ordenamiento tributario aun no se han ajustado a la
citada Directiva dos gravámenes concretos: los derechos notariales y los que perciben
los Registradores Mercantiles. Ambos son exigidos por la intervención y el registro de
documentos, actividades que se gravan en función de las aportaciones y sobre el capital
de las sociedades, asociaciones o personas morales que persigan fines lucrativos. En
nuestra opinión, sin embargo, ninguno de estos gravámenes cumple los requisitos para
ser calificados como derechos de carácter remunerativo.
En segundo término, esta sentencia también es importante porque el Tribunal se permite
penetrar en el sustrato del tributo y pasar de su calificación legal como tasa a su
calificación auténtica como impuesto. Creemos oportuno advertir que esta recalificación
ya viene siendo efectuada por nuestro Tribunal Constitucional. En notorias sentencias
ha levantado el velo y ha penetrado en la verdadera naturaleza de algunos tributos de
nuestro ordenamiento. El último caso lo protagonizó la tasa por auditoría de cuentas
(vid. los Autos 381, 382 y 383/2005).
Pues bien, con esta sentencia del TJCE creemos que parecen estar contados los días
en los que el régimen jurídico-tributario de nuestras tasas registrales y notariales siga
sin ser sometido a una profunda revisión.
VIII. Bibliografía:
GONZÁLEZ-CUÉLLAR SERRANO, Mª L.: «STJCE 21.06.2001, SONAE-Tecnologia de Informação
SA Direcção-Geral dos Registos e Notariado, As. C-206/99: Concentración de capitales. Directiva
69/335/CEE. Derechos de carácter remuneratorio. Derechos de inscripción en el Registro
Mercantil».
LUCAS DURÁN, M.: «STJCE 16.05.2002, As. C-509/99, Palais am Stadtpark contra Finanzlandesdirektion
für Wien: Impuestos indirectos sobre la concentración de capitales. Interpretación
de la Directiva 69/335/CEE. Prohibición de doble imposición».
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