Comentarios de Jurisprudencia Comunitaria - Consejo General de ...

ESTUDIOS Y NOTAS / CRÓNICA TRIBUTARIA 143-2012
blicos que prestan servicios que pueden ser llevados a cabo también por empresarios o
profesionales particulares, y que dichos principios pueden ser alegados en procesos internos
en base al reconocimiento de aplicabilidad directa de este precepto cuando las
normas propias de los Estados miembros impidan no sólo el desarrollo pleno del principio
de neutralidad, sino incluso en los procesos colaterales, como en el principal que da
lugar a la cuestión prejudicial, que no es otro que el de obtención de información.
VII. Relevancia para España:
La sentencia plantea diversas cuestiones que tienen trascendencia en el orden interno.
La primera se refiere a la interpretación del propio artículo 4, apartado 5 de la Sexta
Directiva y su correlativo artículo 7.8º de la Ley del IVA en cuanto a si este último se
ajusta plenamente a los dictados de la norma comunitaria. A la vista del dictado de ambos
preceptos y de la interpretación jurisprudencial, tanto del TJCE, como de una reciente
doctrina de la Dirección General de Tributos, sería conveniente un ajuste del precepto
interno, adecuándolo a los principios que residen en el artículo de la Sexta Directiva.
En cualquier caso la jurisprudencia interna (entre otras, sentencia de la Audiencia
Nacional de 30 de abril de 2003, recurso 914/99) y la doctrina de la Dirección General de
Tributos se van ajustando a la doctrina del TJCE.
Buena prueba de lo anterior son las Consultas vinculantes de la Dirección General de
Tributos de 14 de febrero de 2006 (nº V0276-06), de 28 de abril de 2006 (nº V0830-06), 15
de junio de 2006 (nº V1114-06), 18 de julio de 2006 (nº V1534-06) y 31 de agosto de 2006
(nº V1710-06) que vienen a plantearse incluso la posibilidad de que sociedades mercantiles
constituidas exclusivamente por administraciones públicas puedan no ser consideradas
como sujetos pasivos del impuesto cuando llevan a cabo prestaciones de servicios
de naturaleza eminentemente administrativa, o lo que es lo mismo desarrollan funciones
públicas, incluso cuando la contraprestación recibida por dichas entidades no tenga
carácter tributario, poniendo así un especial énfasis en la naturaleza pública o no de las
actividades desarrolladas y la posibilidad de que sean llevadas a cabo por otras personas,
puesto que, en este último caso y, en base al principio de neutralidad o distorsión de
la competencia, quedarían sujetas al impuesto, ya fuesen prestadas a través de órgano o
persona diferenciada creada al efecto por la administración o incluso por los propios órganos
encuadrados dentro de la estructura orgánica de la administración. Con esta interpretación
del precepto interno indudablemente la administración tributaria se acerca
a los postulados de la doctrina del TJCE, aunque serían más que deseable los ajustes
necesarios en la redacción de la norma española.
Varios son los puntos conflictivos o de fricción en la interpretación de nuestra norma interna:
de un lado el artículo 7.8º de la Ley requiere que las operaciones sean realizadas «directamente»
por los «Entes públicos», excluyendo del supuesto de no sujeción cuando el ente
actúe por «medio de empresa pública, privada, mixta o, en general, de empresas mercantiles»;
mientras que el precepto comunitario requiere que las actividades u operaciones
se «desarrollen en el ejercicio de sus funciones públicas» por los «Estados, las regiones, las
provincias, los municipios y los demás organismos de Derecho público». En este sentido, el
TJCE, sin entrar en sus resoluciones a dictaminar el carácter o no de organismos de Derecho
público, cuestión enimentemente propia de los Estados miembros, si suministra las
pautas para delimitar cuando estaremos ante actividades u operaciones sujetas o no al IVA
y es que, de manera reiterada el órgano jurisdiccional ha venido subrayando la importancia
de que las mismas se efectúen «en el marco del régimen jurídico que les es propio».
De otro nuestra norma requiere que se realicen «sin contraprestación o mediante contraprestación
de naturaleza tributaria», mientras que el precepto comunitario es mucho
– 204 –