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ESTUDIOS Y NOTAS / CRÓNICA TRIBUTARIA 143-2012 conocimiento de las circunstancias que rodean el caso, sea capaz de determinar dicha cuestión. El fallo se aparta, de esta manera, del propuesto por el Abogado General, Sra. Christine STIX-HACKL, cuyo contenido sí que respondía directamente a la cuestión planteada como principal, del siguiente modo, en su conclusión 61: «Una exacción como la controvertida, que debe pagar una empresa en un Estado miembro por el suministro de quisquillas con un barco pesquero registrado en ese Estado miembro, y que sirve para financiar las actividades de tamizado y pelado de quisquillas en dicho Estado miembro no es compatible con el Derecho comunitario, en particular, con el artículo 25 CE, cuando dicha exacción debe ser pagada, también, por las quisquillas que descargue la referida empresa en algún otro lugar de la Comunidad. A este respecto, resulta irrelevante el lugar en donde hayan sido capturadas las quisquillas; que sean transportadas a este Estado miembro después de haber sido descargadas en cualquier otra parte de la Comunidad, o que, habiendo sido descargadas en otra parte de la Comunidad, se haya pagado también allí por el tamizado y el pelado de las quisquillas». Parece que el Tribunal, haciéndose eco de lo afirmado por el Abogado General en sus conclusiones 34 y 35 («Por consiguiente, resulta indispensable delimitar entre sí los ámbitos de aplicación de los artículos 25 CE y 90 CE». «Pues bien, la jurisprudencia del Tribunal de justicia ilustra claramente las dificultades para efectuar esa ineludible delimitación. Las cargas pecuniarias impuestas unilateralmente, cualesquiera que sean su denominación y su técnica, que graven las mercancías por el hecho de atravesar la frontera, cuando no sean derechos de aduana propiamente dichos, constituyen exacciones de efecto equivalente, en el sentido de los artículos 23 CE y 90 CE. Sin embargo, no es así cuando las cargas forman parte de un régimen general de tributos internos que recaen sistemáticamente sobre categorías de productos en función de criterios objetivos aplicados con independencia del origen o del destino del producto; en este caso, las cargas pecuniarias se incluyen precisamente en el ámbito de aplicación del artículo 90 CE. Como ejemplo de lo anterior se puede mencionar cualquier carga que se aplique, por un lado, a productos nacionales, transformados o comercializados dentro del país, y, por otro, a productos nacionales sin transformar que sean exportados, siempre que el hecho imponible sea el mismo para ambos tipos de productos») ha dejado lo más delicado para el Tribunal nacional. Al fin y al cabo, desde el punto de vista práctico, tanto da que esta exacción sea contraria al Tratado según una u otra calificación. Los criterios jurisprudenciales sobre los que se fundamenta el fallo, como se desprende de la misma sentencia, tienen cierta solera, no están especialmente controvertidos y esta sentencia no se aparta de ellos, por lo que contribuye a su consolidación, no hay novedad, salvo por lo que respecta a que, como ya se ha afirmado, el Tribunal no se atreve a aplicar, por sí mismo, al caso concreto, el criterio que él mismo asienta. VII. Relevancia para España: No nos es conocido ningún caso similar en el ordenamiento español. VIII. Bibliografía: CALDERÓN CARRERO, J. M.: «La noción de exacción de efecto equivalente a un derecho de aduana a la luz de la última jurisprudencia de la Corte Comunitaria de Luxemburgo», Noticias de la UE, nº 141, 1996, págs. 25 y ss. – 210 –
COMENTARIOS DE JURISPRUDENCIA COMUNITARIA CASANA MERINO, F.: «Impuesto sobre la cerveza y prohibición de discriminación entre productos interiores y exportados», Impuestos, 1991, págs. 2284 y ss. CHECA GONZÁLEZ, C.: «La prohibición de exacciones de efecto equivalente a los derechos de aduana en el mercado intracomunitario», Actualidad Tributaria, nº 39, 1993, págs. D-701 y ss. GALÁN SÁNCHEZ, R. Mª.: «Excepciones la prohibición de exacciones de efecto equivalente. Su justificación y límites, Impuestos, 1991, págs. 1472 y ss. GONZÁLEZ GARCÍA, G.: «Una aproximación al contenido de los conceptos de discriminación y restricción en el Derecho comunitario», Documentos de trabajo del Instituto de Estudios Fiscales; nº 8/2004, Madrid. GONZÁLEZ GONZÁLEZ, A. I.: «Las exacciones de efecto equivalente a los derechos de aduana», Noticias de la UE, nº 144, 1996, págs. 91 y ss. GONZÁLEZ GONZÁLEZ, A. I.: «Prohibición de discriminación fiscal, exacciones de efecto equivalente y tributos discriminatorios. Análisis de la reciente jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en la materia», Noticias de la UE, nº 191, 2000, págs. 65 y ss. HERRERA MOLINA, P. M.: «La discriminación inversa en el Derecho comunitario. Apunte sobre la STJCE (Sala 6ª) de 24 de octubre de 1996», Impuestos, 1997-I, págs. 1144 y ss. MARTUL-ORTEGA, P.: «Interpretación de los artículos 12 y 95 del Tratado CEE. Impuesto Automóvil», Noticias CEE, nº, 1994, págs. 85 y ss. MATTERA, A.: El mercado único europeo. Sus reglas, su funcionamiento (traducción al castellano por ZAPICO LANDROVE, C.), Civitas, Madrid, 1991. VILLAR EZCURRA, M.: «Las ayudas estatales de carácter fiscal y el Derecho comunitario: algunas notas sobre su diferencia de los tributos internos discriminatorios y las exacciones de efecto equivalente a propósito del primer informe sobre el Código de Conducta Fiscal», Aranzadi Fiscal, nº 2, 1999, págs. 1 y ss. STJCE 15.6.2006, Badischer Winzerkeller eG y Land Baden-Württemberg, As. C-264/04: Tasas registrales e impuestos indirectos que gravan la concentración de capitales. Otras tasas que son impuestos Mercedes Ruiz Garijo Universidad Rey Juan Carlos I. Doctrina del Tribunal: Una tasa recaudada por la modificación en el Registro de la Propiedad puede ser considerada un impuesto sobre las transmisiones autorizado por el art. 12.1.b) de la Directiva 69/335/CEE del Consejo, de 17 de julio, como excepción al artículo 10.c) de la misma Directiva, siempre y cuando su importe no sea superior a la aplicable a las operaciones similares en el Estado miembro de la liquidación. No obstante, incumbe al tribunal nacional comprobar este último extremo. – 211 –
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