Gaceta de los Tribunales

34 GACETA DE TRIBUNALESartículo, es porque de los dictámenes periciales sedesprenden indicios favorables como los expresados conanterioridad, y de ahí que esta norma fue infringida por elfallo recurrido. El artículo 498 del Código Procesal Penal,dice: "Constituye indicio, la circunstancia o hechoconocido que sirve de antecedente para descubrir otracircunstancia o hecho desconocido u oculto. Constituyepresunción la inferencia que por la vía del razonamiento yde la experiencia, deduce el Juez del indicio. Entre elindicio y la presunción, debe existir, necesariamente,relación de causalidad". En el caso en discusión, la Sala alenumerar y calificar los hechos como presunc~ones, quedóencerrada en una situación ilegal porque de conformidadcon la ley debió decir, razonadamente, de cuáles hechosprobados infirió las presunciones y no omitir indicar quépresunciones había deducido, y referirse únicamente a losindicios que son el fundamento de esa presunción; es decir,debió indicar razonadamente cuál es la presunción, que deello se infiere, a qué hecho desconociqo u oculto dan Origenjurídico. Por estas motivaciones de orden legal, es permitidoacusar como infringidos los artículos citados, así comotambién los siguientes: 500, 503, 694, 695, 699 y 700 delCódigo Procesal Penal, en relación con los razonamientospor falta de aplicación de las reglas de la Sana. Crfticarelativas a la experiencia del juzgador, a la lógica, al debidorazonamie'nto sobre los motivos que el Tribunal hubiesepodido tener para estimar o desestimar los mediosprobatorios que a su juicio, prueban los indicios. queintegran la prueba presuncional que relaciona para llegar aconclusiones de certeza jurídica.TOdas las citas de leyes infringidas se hacen enconcordancia con el caso de CASACION por error dederecho en la apreciaci~ón de la prueba contenida en elartículo 745 inciso VIII del mismo Código Procesal Penal,ya que todos los artículos que aquí se citan comoinfringidos, tienen relación lógica con el caso deprocedencia invocado e igualmente la guardan con lasmotivaciones expuestas y éstas también con el caso deCASACION en que se apoya el Recurso; y todos los viciosapuntados repercutieron en la decisión judicial por lasrazones expuestas.E) ERROR DE HECHO: El Tribunal de SegundaInstancia omitió examinar la prueba existente en el procesocon perjuicio del procesado, y en consecuencia no fueincluida en el fallo para su valoración. Tal prueba consisteen la certificación médica extendida por el Doctor -JulioAntonio Brañas Lobos, con fecha diecisiete de abril de milnovecientos setenta y ocho, en la cual_ se afirma que elrecurrente al ser examinado, presentaba erosión (herida conbordes irregulares) de cinco mil rmetros de longitud ensentido vertical, con edema a su alrededor, de cuatromil rmetros de diámetro, loéalizada en la región mentonianaderecha, y también hemorragia submucosa de uncentfmetro y medio de diámetro, localizada un centímetropor dentro del borde interno del labio inferior y de la lfneamedia de éste, la cual cicatrizada en cinco días (folioveintiuno de la primera pieza de primera instancia). Estosdocumentos prueban fehacientemente la equivocación deljuzgador al calificar como homicidio y no como Homicidioen Estado de Emoción Violenta la muerte del señorVICENTE ANTONIO PAIZ BOLAiiiOS, pues ésta es lafigura delictiva que aparece tipificada en el proceso, y esaomisión repercutió en el fallo, por el hecho de que alcalificar el delito erróneamente, también se impuso mayorpena que la establecida en la ley para un delito más leve.Este error de hecho, al no haber apreciado la pruebaindicada, repercutió como ya lo indiqué, en la erróneaCalificación del delito y como consecuencia en la'imposición de la pena, ya con dicho documento se estableceplenamente que el incidente se produjo por la conductaagresiva del soñor VICENTE ANTONIO PAIZ BOLAiiiOS,quien como ya se estableció, con la ampliación del informemédico Forense del Doctor Valentín Aguilar Pellecer, defecha veintitrés de agosto de mil novecientos setentiocho, seencontraba en completo etilismo agudo el dfa de los hechosy ello indiscutiblemente originó que no tuviera ningúncontrol de sus actos por un trastorno orgánico, provenientede la ingestión del alcohol, en su facultad de discernimientoy agrediera, por cuyo motivo el arma que portaba se disparóaccidentalmente. Sin embargo, la Sala Cuarta de la Corte deApelaciones, no tomó en cuenta la certificación médicadescrita, que unida a la ampliación del informe médicoforense, q.ue omitió también valorar (sólo lo enumeró),producen indicios probados de los cuales debió haberseobtenido la presunción de mi falta de responsabilidad en elhecho, tal como lo expuso en mi confesión, y analizarla enotra parte del recurso.DE LAS ALEGACIONES DE LAS PARTES.Con fecha diecisiete de este mes, se presentó alTribunal, un memorial conteniendo el alegatocorrespondiente, por medio del cual el recurrente, despuésde hacer una corta exposición de los motivos y casos quesujeta al conocimiento de este Tribunal Supremo, pidió queal dictar sentencia, se hiciera las declaraciones solicitadas enel memorial introductivo del recurso.CONSIDERANDO:1IN FRACCION CONSTITUCIONAL: Al respecto esteTribunal de casac10n, estima lo siguiente: a) Deconformidad con el ordenamiento juddico vigente, laconstitución de la República, prevalece sobre cualquier leyo tratado internacional que se le oponga, precisamente poreso la misma contiene las llamadas garantías -individuales ysociales, y una de las primeras es la llamada garantía deldebido proceso, contenida en el artrculo 53 de la misma; b)la infracción al contexto de dicha norma implica en primerlugar, la existenc'ia de tribunales no competentes oextraordinarios, que indebidamente hayan juzgado el caso;así como la aplicación de un procedimiento que deconformidad con la ley no ,sea el aplicable a la realidadjurídica del caso concreto que se juzga; o bien que siendoefectivamente el procedimiento aplicable se infrinjangarantías procesales aceptadas por la Constitución y lasleyes, al grado que la persona encausada se encuentre en unestado de INDEFENSION PROCESAL que lesioneplenamente el derecho de defensa, garantizado por laConstitución; con base en los presupuestos anteriormenteenunciados, se concluye que en e·J presente caso, la SalaCuarta de la Corte de Apelaciones, sí es competente paraconocer del proceso en los aspectos territorial, funcional,por razón de la materia y por razón del hecho atribuido a lapersona del encausado, por lo que el primero de loselementos necesarios para que tenga vida jurídica lainfracción a norma constitucional de acuerdo con ladoctrina del artículo precitado, no se produce en la realidaddel caso que hoy estudia; por otra parte, el Código ProcesalPenal, es efectivamente un cuerpo de normas ydisposiciones que a su vez contiene un procedimiento penalque garantiza debidamente el derecho de defensa en juicio,y además es legalmente aplicable a casos como el presente,porque otro de los elementos indispensables para que existainfracción a la norma constitucional ya citada, y laaplicación de procedimientos ilegales, tampoco se produce;