Gaceta de los Tribunales

GACETA DE TRffiUNALES 89carácter excepcional y restringido, obviamente solo tieneap 1 icación, producidos aquellos presupuestos fácticos,cuando no se haya previsto en las estipulaciones particularesdel contrato o en su legislación especial, un régimen propio derevisión de precios, pues no podrfan aplicarse al mismocontrato administrativo ambos remedios simultáneamente; ode otra manera, la revisión que dicha Teor(a preconizasolamente es posible concederla ante el déficit normativo delcontrato que hace necesario arbitrar la regla que provea a lasexigencias de la situación. En el caso sub-judice el Tribunalsentenciador al aceptar que en el contrato antes identificadose fijó una cantidad sobre el diez por ciento más o menos delvalor de la obra, en concepto de ngastos imprevistos", con lacual se cubren los incrementos que se pretenden obtener através de la revisión del contrato, no interpretó erróneamenteel artfculo 1330 del Código Civil, porque no asevera que elterremoto acaecido sea ajeno al supuesto de la norma, ni niegalos efectos perjudiciales que produjo, sino sostiene que enbase al contrato celebrado, esos efectos deben afrontarlos lasentidades recurrentes con la suma relacionada, la que si bienes cierto está inclufda en el valor total de la obra, essuplementaria o adicional; o lo que es lo mismo, no tienecontraprestación alguna y su destino es especffico. Podrfaargumentarse en contra de estas apreciaciones, que loscontratantes no podfan cubrir por anticipado consecuenciasnocivas de hechos que no eran de su conocimiento almomento de celebrar el contrato; pero ese criterio sólo enapariencia es 16gico, pues no existe obstáculo legal ni racionalque impida a las partes estipular una cantidad en previsión decontingencias "in género", cualquiera que éstas sean,incluyéndose desde luego, las de carácter extraordinario. Yjustamente este es el mecanismo previsor que laAdministración utiliza en los contratos que celebra para la,ejecución de obras. servicios o suministros, toda vez que tienedeterminadas sus posibilidades de obligarse, limitaciones quevienen impuestas por los principios presupuestarios delingreso y del gasto públicos, que operan como factorescondicionantes de la normativa contractual. En efecto, por laseguridad y certidumbre financiera. el Estado necesita saberpreviamente a contratar, cuáles son los recursos con quedispone para la atención de servicios y realización de obras, yaque no puede contraer obligaciones cuyo importe exceda delcrédito legislativo o autorizado. Por otra parte, y en abono delcriterio expuesto, no debe olvidarse que la especial naturalezade la actividad administrativa y de su derecho, cuyacomprensión y elaboración científica no puede hacersesiguiendo el puro conceptualismo jurídico-privado, exige quese tomen en cuenta sus peculiaridades, amén de las realidadesjurídicas, polfticasy económicas que subyacen en el fondo desus instituciones. El contrato viene a ser asr. en 1-a esfera delDerecho Público, no un simple instrumento para la obtenciónde prestaciones de carácter patrimonial en las relaciones dealteridad que provoca la sociabilidad humana, sino una de lastécnicas de cooperación de los administrados con laAdministración, por lo que el contratante particular no esconsiderado como un sujeto contrapuesto, parte adversa o enconflicto, sino antes bien, un colaborador voluntario queaunque persigue un interés pecuniario, no tiene que serforzosamente opuesto al interés del Estado, que no es otroque el bien común. Se concluye entonces, sin entrar al análisispor innecesario, de los otros hechos aceptados por el Tribunaly redargü idos expresamente -que el terremoto afectó tambiénal Estado y no sólo a las compañías contratantes y que fueevidente que-la mano de obra escaseó como efecto del mismo,pero que no se promulgó ley alguna que modificara elAcuerdo Gubernativo del veintisiete de noviembre de milnovecientos setenta y tres, que regula lo relativo al SalarioMfnirno- que el artfculo en que basan sus pretensiones lasrecurrentes, no fue infringido, pues el Juzgador aún cuandohaya inclufdo en sus consideraciones algunos hechos que noencajan en la hipótesis del precepto, irrelevantes para los finesde este recurso, fundamentó esencialmente su decisión, en laexistencia de un régimen previsional en el contrato celebrado,el que, se reitera, es compatible con la excepcionalidad dedicho artfculo, Cuya brevedad e imprecisión requieren delauxilio del procedimiento interpretativo, por lo que tampocovioló los artfculos 9o. y 11o. incisos lo. y 4o. del Decreto1862 del Congreso de la República, Ley del OrganismoJudiciaL En suma, el recurso que se analiza devieneimprocedente y asf debe declararse.LEYESAPLICABLES:Artículos citados y 223, 240. 24 7 y 255 de laC o n s 't i t u e i ó n d e 1 a R e p ú b 1 i e a ;25,26,66,67,86,87,88,620,621 inciso 1o.,627,633,635 delCódigo Procesal Civil y Mercantil; 6,14 y 50 de la Ley de loContencioso Administrativo; 7, 10,27,28,32.38 inciso 2o.,116,143,157,159,163,169,179,180,181, y 182 de la Ley delOrganismo Judicial.POR TANTO:La Corte Suprema de Justicia, Cámara Civil,DESESTIMA el recurso de casación interpuesto; condena alas empresas recurrentes al pago de las costas del mismo y alde una multa de Doscientos quetzales, a razón de cincuentaquetzal es cada una, que dentro de tercero d(a deberán enteraren la Tesorer(a del Organismo Judicial y en caso deinsolvencia se convertirá en diez dfas de prisión. Dentro dedicho término, también deberán reponer el papel empleadoen la forma que manda la Ley, bajo apercibimiento deimponerle multa de cinco quetzal es.Notiffquese y con certificación de lo resueltodevuélvanse los antecedentes.(f). A.E. MAZARIEGOS.--·JUAN JOSERODAS.---FED.G.BAR 1 LLAS C.-·- HE R lB. ROBLESA.---ROL.TO R RES MOSS.-.. Ante mf: M.ALVAREZLOBOS.CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO:Recurso de Casación interpuesto por Carlos HumbertoSoto Mazariegos, representante de Guatemala MiningCorporation y Compañfa Limitada (Transmetales Limitada),contra la sentencia que el Trubunal de lo ContenciosoAdministrativo dictó el tres de octubre de mil novecientossetenta y nueve.DOCTRINA:Cuando se funde el recurso de casación en error dehecho en la apreciación de las pruebas, es indispensable que elinteresado cumpla con indicar en qué consiste el error alegadoe identificar, sin lugar a dudas, el documento o acto auténticoque demuestre la equivocación del juzgador.CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, CAMARACIVIL:Guatemala, diecisiete de marzo de mil novecientos ochenta.Se tiene a la vista para resolver el recurso de casacióninterpuesto por Carlos Humberto Soto Mazariegos,representante de "Guatemala Mining Corporation yCompañía Limitada", de nombre comercial ''TransmetalesLimitada", contra la sentencia que el Tribunal de loContencioso Administrativo dictó el dos de octubre de milnovecientos setenta y nueve, en el recurso que de esa_naturaleza planteó el mismo recurrente.ANTECEDENTES:Carlos Humberto Soto Mazariegos, ejercitando larepresentación mencionada, compareció al Tribunal de loContencioso Administrativo impugnando la resolución cerocuatro mil trescientos sesenta y seis (04366) dictada por el