REVISTA_PESCA_SEPTIEMBRE_2018

de todo el litoral y que ésta se dé sin limitaciones, sin
acondicionamientos ni proyectos pilotos, que no están
establecidos en la Ley General de Pesca y del TUPA de
PRODUCE, el Ministerio de la Producción debe de abocarse
a dar Normas de Ordenamiento de Impacto Nacional,
para evitar que Gobiernos Regionales como el de
Piura, emitan ordenanzas que ni en su jurisdicción tienen
validez para los efectos de Fiscalización, es por este motivo
que se afirma que la Ordenanza vendría a ser una
Burla a los Armadores de la Región Piura, más aun si
sumamos el antecedente que los profesionales que han
estado presionando para su aprobación serían los mismos
que hicieron un cobro indebido en el empadronamiento
de las embarcaciones del SIFORPA por un monto
que superaba los 17 mil nuevos soles, y en esta oportunidad
para realizar el empadronamiento de las 900 embarcaciones,
cada Armador habría aportado un importe
que supera los 300 nuevos soles.
Lo que no nos convence por ningún motivo, es que el
afán de los profesionales para la aprobación de la Ordenanza
Regional, habría sido la de justificar el aporte hecho
por los Armadores a sabiendas que los permisos no
tienen validez, esta actitud nos hace recordar el cobro
que hace un rezador de Malhumor al momento de terminar
con su paciente, en tanto expresa su frase VIVAS O
MUERAS GANANDO ESTOY, por lo que resulta conveniente
puntualizar que no debemos de ser conformistas
ante este tipo de acciones, muy por el contrario debemos
de EXIGIR A LAS AUTORIADAES, MAS RESPE-
TO, Y QUE SUS DESICIONES Y ACCIONES DEBEN
DE ESTAR FUNDAMENTADOS EN ESTRICTO CUM-
PLIMIENTO A LA LEY Y A NUESTRA CONSTITU-
CIÓN POLITICA.
El Derecho Pesquero existe en función de la naturaleza y desarrollo de los recursos hidrobiológicos.
La autoridad política tiene que asumir que la pesca no aumenta en función de la demanda,
que tiene que ser regulada para garantizar sus sostenibilidad y que una especie extinguida es
incapaz de ser regulada.
El Derecho a pescar existe en función a la disponibilidad de peces que puede ser extraídos sin
perjudicar la supervivencia de esa población y sin que su mortandad afecte al resto de las especies
que se alimentan de ella.
La autoridad política tiene que asumir que la pesca no aumenta en función de la demanda, que
tiene que ser regulada para garantizar sus sostenibilidad sin ejercer un impacto negativo sobre
otras especies dentro del ecosistema. Se tiene que regular en función del recurso pesquero y no
de la colectividad de pescadores.
Una especie extinguida es incapaz de ser regulada y no podrá ser extraída por más demanda social
que exista.
Revista Pesca septiembre 2018 65